El juez de familia Marcelo Escola dictó una resolución que marca un precedente en Santa Fe al utilizar el índice de crianza del INDEC para determinar la cuota alimentaria, integrando por primera vez el costo de las horas de cuidado y la realidad socioeconómica de las familias. Dialogó con “La Marca de la Almohada” y brindó detalles de la causa.
Marcelo Escola, juez de familia de San Lorenzo, dictó una resolución sin precedentes en la provincia de Santa Fe al establecer la canasta básica de crianza del INDEC como el parámetro fundamental para fijar cuotas alimentarias. En diálogo con “La Marca de la Almohada” brindó detalles de la causa.
Este índice, vigente desde junio de 2023, permite que el cálculo sea más justo al dividir los gastos en dos categorías: por un lado, los bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta, educación y vivienda; y por otro, el valor económico de las horas de cuidado dedicadas al menor, En un caso particular que involucra a un niño con discapacidad, el magistrado determinó una cuota del 150% de dicho índice, lo que representa un monto superior a los 600.000 pesos mensuales, buscando garantizar la dignidad del menor como sujeto de derecho.
- El juez destacó que aproximadamente el 98% de los reclamos alimentarios son realizados por las progenitoras, sobre quienes recae históricamente la carga del cuidado en una estructura social que describió como patriarcal.
Al aplicar este nuevo criterio, se busca visibilizar y cuantificar ese tiempo de atención que antes no se tenía en cuenta al fijar porcentajes fijos sobre los ingresos del deudor. Escola subrayó que en la región de San Lorenzo, a pesar de ser un polo estratégico del país, la crisis social y laboral es “gravísima”, lo que se traduce en un aumento drástico de la morosidad y en una alarmante estadística de entre 10 y 12 casos diarios de violencia que llegan a su tribunal
Frente al elevado índice de incumplimiento, la justicia enfrenta severas dificultades para efectivizar las medidas contra los deudores, que en casos extremos derivan en reclamos legales contra los abuelos o incluso bisabuelos.
El magistrado mencionó que utiliza diversas sanciones coercitivas, como impedir el ingreso a canchas de fútbol, carreras o actividades de pesca, aunque reconoció que el sistema carece de herramientas suficientes y requiere de una presencia estatal sólida para proteger los derechos humanos básicos de las infancias.