A casi 50 años del golpe, el abogado Pablo Llonto, relanzó en la Justicia Federal la búsqueda de los documentos de inteligencia de la dictadura. En diálogo con La Marca de la Almohada, sostuvo que las Fuerzas Armadas conservaron información clave sobre los desaparecidos incluso después de 1983 y reclamó que se investigue si esos archivos fueron robados u ocultados

La búsqueda de los archivos de la represión volvió a activarse en la Justicia federal a partir de una serie de presentaciones realizadas por el abogado Pablo Llonto, que apuntan a determinar qué ocurrió con la documentación producida por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. El planteo cobra especial relevancia en la antesala de los 50 años del golpe de Estado de 1976 y se apoya en pruebas y antecedentes que muestran que esos registros existieron y siguieron en manos militares aun en democracia.

“Fueron tres presentaciones pendientes a decirles a los jueces federales en Buenos Aires, con posibilidad de ramificar a todo el país, la búsqueda de lo que pasó con los archivos de cada uno de los servicios de inteligencia de cada fuerza”, explicó Llonto en diálogo con La Marca de la Almohada. Según detalló, el objetivo es reconstruir el destino de esa documentación y establecer responsabilidades políticas y penales.

Las presentaciones sostienen que la inteligencia militar recopiló información de manera sistemática entre 1976 y 1983, a través de torturas, infiltraciones y seguimientos, y que esos datos resultan claves para determinar el destino de las personas secuestradas, identificar a los integrantes de los grupos de tareas y reconstruir las cadenas de mando. “Solo el hallazgo de esos documentos podrá ayudar a la definitiva determinación del lugar de cautiverio y el destino final de cada secuestrado”, señala uno de los escritos presentados antes del inicio de la feria judicial.

Llonto remarcó que la iniciativa surge de una evidencia persistente. “Esto se da porque en estos últimos 22 años, en diferentes juzgados y juicios orales fueron apareciendo de diversas maneras retazos de documentos de inteligencia de las fuerzas, solo extractos. No apareció todo el archivo completo”, señaló. Esa constatación pone en duda la versión oficial que sostuvo durante décadas que los archivos habían sido destruidos.

“Buscamos verificar eso que se decía, que no quedó ningún archivo porque hubo una supuesta orden de destrucción. Queremos saber quién ordenó esa acción, cómo se destruyeron y, si realmente fueron destruidos, cómo es posible que existan extractos que siguen apareciendo. Si fueron robados, fotocopiados o escondidos”, planteó el abogado.

El eje central del reclamo está puesto en las víctimas. “El objetivo número uno es que, a través de la posible información de esos archivos, se pueda revelar el destino de las personas secuestradas, su cautiverio y su destino final. Y por supuesto lo más importante es si hubiera algún dato sobre apropiación de bebés”, explicó Llonto, aunque advirtió que ese tipo de delitos no siempre quedaba registrado por escrito.

Las presentaciones incluyen antecedentes concretos que refuerzan la hipótesis de que los archivos sobrevivieron a la dictadura. Uno de ellos es la documentación aportada por el suboficial Orestes Vaello ante la Conadep, con órdenes de secuestro emanadas del Batallón de Inteligencia 601, entre ellas las vinculadas a la Noche de los Lápices. Ese material permitió demostrar tempranamente el rol del Ejército como cerebro de la represión y la existencia de áreas específicas de Registro y Archivo dentro de la estructura de inteligencia.

Llonto también recordó que, en 1986, la Armada envió al juzgado federal de San Isidro documentación secreta sobre víctimas de la ESMA, firmada por el vicealmirante Ramón Arosa, y que algunas fichas demostraban seguimientos a sobrevivientes incluso en plena democracia. A eso se suma una fotografía tomada durante una recorrida de la Conadep por la ESMA, en la que se observa la existencia de un archivo dentro del centro clandestino.

En el caso del Ejército, el abogado señaló testimonios que dan cuenta de un posible ocultamiento deliberado. Citó la declaración de Stella Segado, exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, quien relató que en los años 90 se incendió parte del séptimo piso del Edificio Libertador —donde funcionaba la inteligencia del Ejército— luego de que un juez ordenara preservar el lugar ante la sospecha de que hubiera archivos de la represión.

“Dejar la ciencia y los archivos afuera no es casual”, había advertido Llonto en otras intervenciones públicas, al cuestionar también la eliminación, en 2024, de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), que desde 2010 habían aportado información clave en más de un centenar de causas por delitos de lesa humanidad.

En ese marco, el abogado recordó que durante distintas gestiones democráticas se logró avanzar en la desclasificación y envío de documentos desde la ex SIDE a la Justicia, mientras que la reciente promesa del Gobierno nacional de desclasificar los archivos de inteligencia, anunciada el 24 de marzo pasado, no tuvo hasta ahora ninguna concreción.

Para Llonto, la persistencia de fragmentos documentales demuestra que el relato de la destrucción total no cierra. “Si los archivos no existen, alguien tiene que explicar por qué siguen apareciendo”, insistió. La reapertura del reclamo judicial busca, precisamente, que esa pregunta deje de quedar sin respuesta y que los documentos que aún permanecen ocultos puedan aportar verdad a las familias que siguen esperando saber qué pasó con sus seres queridos.