Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas advirtieron que la iniciativa enviada por el Gobierno al Senado es regresiva, inconstitucional y funcional a los intereses de las grandes mineras

En un contexto global atravesado por el retroceso acelerado de los glaciares, el proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares encendió fuertes críticas en el ámbito ambiental. La iniciativa, enviada al Senado el pasado 15 de diciembre, propone limitar la protección legal de los glaciares y del ambiente periglacial, reduciendo los presupuestos mínimos ambientales establecidos a nivel nacional.

En diálogo con La Marca de la Almohada, el abogado ambientalista Enrique Viale fue categórico y no ahorró definiciones. “Esto destruye la arquitectura de los presupuestos mínimos”, afirmó, y calificó la reforma como “flagrantemente inconstitucional” por vulnerar el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un piso común de protección ambiental en todo el país. Para Viale, el proyecto tiene un destinatario claro: “Esta reforma tiene nombre y apellido: es la reforma Barrick Gold”.

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares del mundo. Según el Atlas de Glaciares, existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida. Doce provincias cuentan con glaciares en su territorio, muchos de ellos clave para la provisión de agua en regiones áridas.

El proyecto oficial busca restringir la protección solo a aquellos glaciares que cumplan una función estratégica como reserva hídrica, y devuelve a las provincias la potestad de definir ese carácter. Para Viale, esto implica desarmar el concepto de presupuestos mínimos y abrir la puerta a que áreas hoy protegidas sean excluidas del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA. “No se puede desarmar por ley algo que está consagrado en la Constitución”, subrayó.

Durante la entrevista, el abogado también advirtió sobre el impacto concreto en territorios como Mendoza. “El 4% de la provincia es irrigable, el resto es desierto. ¿Cómo no van a tener relevancia hídrica los glaciares?”, se preguntó, y señaló que la iniciativa minimiza deliberadamente el rol de estos cuerpos de hielo en el equilibrio ambiental y productivo.

Otro de los ejes centrales de su crítica fue el desplazamiento de la ciencia del proceso de toma de decisiones. “Dejar la ciencia afuera no es casual. Al IANIGLA lo destrozan, lo dejan casi sin funciones. Un subsecretario de minería de una provincia le va a poder decir ‘a este glaciar sacalo’ y va a estar amparado por la ley”, alertó.

Viale también cuestionó el tratamiento acelerado del proyecto y la ausencia de debate público. “La sociedad argentina tiene al agua como un piso mínimo. El problema es que esto se está haciendo a puertas cerradas. Nada que ver con el enorme proceso participativo que dio origen a la ley en 2010. Acá se busca un tratamiento exprés para votarla después de Navidad”, concluyó.