La abogada y docente de la UNR, Matilde Bruera, analizó en diálogo con La Marca de la Almohada el paquete de cambios que la ministra saliente presentó antes de dejar su cargo. Alertó por el retroceso institucional, el agravamiento generalizado de penas y la imprescriptibilidad de delitos graves

En su último día al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich eligió despedirse con un anuncio que reabrió el debate penal en la Argentina: adelantó que enviará al Congreso un nuevo Código Penal para ser tratado en sesiones extraordinarias. La propuesta, según afirmó, busca terminar con lo que definió como “la doctrina zafaronista” y endurecer todas las escalas penales, desde hurtos hasta homicidios, además de declarar imprescriptibles los “delitos graves”. La propia cartera reconoció fuera de micrófono que evalúa incluso eliminar la figura del femicidio.

En diálogo con La Marca de la Almohada, la abogada de derechos humanos y profesora titular de Derecho Penal de la UNR, Matilde Bruera, consideró que la iniciativa “envía una reforma preocupante porque cambia esencialmente la tónica de lo que ha sido la tónica del derecho penal desde su sanción original”. Sostuvo que la tradición liberal del sistema “marcaba el límite del Estado en una democracia”, mientras que el proyecto de Bullrich “busca cambiar a un derecho penal de autor, y no de actos”. Para Bruera, ese giro conceptual implica un retroceso institucional: “En muchos aspectos es inconstitucional, agravan las penas y juegan para la tribuna, lo que determina una trascendencia negativa”.

La ministra saliente adelantó que el homicidio simple dejará de tener una pena de 25 años para pasar a 30 y que se agregarán nuevos agravantes —como intentos de magnicidio o asesinatos de funcionarios, autoridades escolares, menores de 16 años o adultos mayores—, además de la imprescriptibilidad de los delitos graves, incluidos los sexuales. Sobre ese punto, Bruera evaluó que “la imprescriptibilidad es una locura, porque se contradice con la velocidad de lograr un juicio” y planteó que, si el objetivo es evitar que las causas caduquen, “lo que se debe hacer es tener un juicio rápido”.

La abogada también cuestionó la lógica política subyacente: “Siempre están presos los mismos”, afirmó, y remarcó que el endurecimiento de penas no modifica esa realidad estructural. Según su lectura, la penalidad llega siempre después de los hechos y no tiene impacto real en la prevención: “Los delitos se previenen con medidas de seguridad; si no, por definición, el castigo llega tarde. Lo que espera la sociedad es que los delitos no sucedan”.