El secretario general de Peones de Taxis de Rosario, que este jueves expondrá ante el Concejo Municipal

El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, junto a titulares de licencias y representantes del sector remisero, reclamará este jueves en el Concejo Municipal una actualización de la tarifa que permanece congelada desde enero. La audiencia está prevista para las 9 de la mañana ante la Comisión de Servicios Públicos y reunirá a todos los actores del sistema para plantear lo que consideran un atraso tarifario insostenible.
Horacio Yanotti, secretario general del gremio, explicó que el pedido surge de una situación que definió como “crítica”, con costos operativos que subieron más de 25 % mientras la tarifa se mantuvo fija durante casi un año. “Los trabajadores están cada vez más afectados; hoy un chofer de taxi tiene un ingreso que no supera los 700 mil pesos, muy por debajo de la inflación y del costo de vida actual”, señaló.
El sindicalista remarcó que el reclamo es compartido por todo el sector. “Estamos todos unidos en este reclamo porque sobran los motivos. Creemos que tanto el Concejo como el Ejecutivo comprenderán la necesidad de una actualización”, afirmó. Según advirtió, el impacto no solo se siente en los salarios sino también en la capacidad de renovación de la flota. “Hay miles de taxis que deberían cambiarse, pero con estas tarifas es imposible sostener la actividad.”
Yanotti planteó además la preocupación por la falta de regulación de las aplicaciones de transporte, a las que calificó como una competencia desleal. “Las apps tienen tarifas liberadas y, en algunos casos, los viajes terminan costando menos que un boleto de colectivo. Eso distorsiona el mercado y perjudica tanto al taxista como al usuario, porque no hay control ni garantía de servicio”, sostuvo.
El Sindicato reclamará que el Municipio adopte una postura más firme frente a las plataformas digitales que —según denuncian— continúan operando sin adecuarse a la ordenanza vigente. Para Yanotti, la combinación de atraso tarifario y competencia irregular pone en riesgo la sostenibilidad del sistema formal. “Queremos seguir prestando un servicio seguro y regulado, pero para eso necesitamos reglas claras y tarifas que reflejen los costos reales. Si no hay una actualización, muchos trabajadores quedarán fuera del sistema”, concluyó.