El Tribunal Oral Federal Nº 1 absolvió a los 17 imputados por los crímenes cometidos en Villa Constitución en 1975. Para Oscar “Pacho” Juárez, sobreviviente y querellante sostuvo que el fallo refleja “el clima político actual”

A cincuenta años del operativo represivo más contundente contra el movimiento obrero organizado en democracia, la Justicia Federal emitió un veredicto que fue recibido como un golpe. El Tribunal Oral Federal de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci, resolvió absolver a los 17 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Serpiente Roja del Paraná en marzo de 1975.

Los absueltos incluyen a los exdirectivos de Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo —los primeros civiles en Santa Fe llevados a juicio por responsabilidad empresarial—, además de expolicías federales y un integrante de la Guardia Rural “Los Pumas”. Tras dos años de debate oral, con un centenar de testimonios y medio siglo de espera para las víctimas, la sentencia fue calificada como “vergonzante” y como el primer fallo absolutorio de este tipo en la jurisdicción.

A pesar de la lluvia, desde temprano víctimas, familiares, sobrevivientes, organizaciones sindicales y organismos de derechos humanos se concentraron frente a los Tribunales Federales de Oroño 900. Bajo los paraguas y apretados bajo el techo de la entrada, escucharon colectivamente un veredicto que esperaban condenatorio y que terminó sorprendiendo por su tono exculpatorio.

El clima inmediatamente se cargó de frustración y bronca. Para quienes declararon a lo largo del juicio —una causa que comenzó hace casi 15 años—, el fallo representa un retroceso histórico y una señal preocupante del momento político que atraviesa el país.

Entre quienes recibieron el veredicto en el lugar estaba Oscar “Pacho” Juárez, histórico militante del PST (antecesor del MST), sobreviviente y querellante en la causa. Entrevistado por La Marca de la Almohada, Juárez habló con dureza sobre la decisión judicial y su significado para quienes llevan décadas reclamando justicia.

“Todos nosotros, familiares y quienes prestamos testimonios sentimos muchísima bronca. Es una impunidad total, favorable al momento político que se vive”, expresó. Señaló que el tribunal desoyó el cúmulo de pruebas presentadas: “Es la impunidad de un juicio sobre hechos de hace 50 años. Falta mucha gente, pero no están porque murieron. Es pura injusticia”.

Juárez recordó también la magnitud del proceso y las limitaciones impuestas durante el debate: “En todas las audiencias solo hubo testimonios de nuestra parte. De los acusados jamás se dijo una palabra, y de los 400 testimonios que presentamos, nos obligaron a reducirlos a 100 porque el juicio no terminaba más”.

Para él, lo ocurrido en 1975 en Villa Constitución no puede describirse de otra manera que como un ataque masivo y planificado: “Lo que pasó en Villa Constitución fue un genocidio que abarcó a toda la población, por eso todo el mundo quería testimoniar”.

La absolución genera interrogantes profundos sobre el rol del Poder Judicial y su relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de 1976. Para querellantes y organismos, el fallo se inscribe en un “clima de época” que habilita retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia. La querella adelantó que apelará la decisión.