El abogado laboralista, Sebastián Serrano Alou, analizó el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo y advirtió que “va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, al tiempo que cuestionó que la iniciativa “protege las ganancias empresariales y no a los trabajadores”.

El Congreso comenzó a debatir el proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo, cuyo eje central es una profunda reforma laboral presentada por la diputada santafesina Romina Diez, integrante del bloque oficialista de La Libertad Avanza. La iniciativa propone cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo de 1976, bajo el argumento de “actualizar las reglas laborales para promover el empleo formal y atraer inversiones”.

En diálogo con La Marca de la Almohada, el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou cuestionó duramente la orientación del proyecto y advirtió que las modificaciones planteadas “van en contra del espíritu de la Constitución Nacional”. “Siempre hay que hacer reformas en el mundo de las relaciones del trabajo y a las normas que las regulan —señaló—, pero hay que poner atención desde dónde se modifica. En primer lugar, es importante que se hagan en vistas de la Constitución nacional y provincial”.

En ese sentido, afirmó que “reforma sí, pero con fundamento constitucional”, y sostuvo que la iniciativa oficial “va a contramano de lo que propone el Gobierno nacional”. Serrano Alou consideró que la llamada “modernización laboral” en realidad “busca volver a la edad moderna”. “Este gobierno tiene un uso muy cruel de las palabras —cuestionó—, porque cuando habla de dinamizar, en realidad busca aumentar la velocidad hacia la pobreza y la precarización laboral”.

Uno de los puntos que más preocupa al especialista es el enfoque sobre la determinación del salario, que a su juicio “busca convertir el piso salarial en un techo”. “Esto evidencia que no se busca proteger a los trabajadores, sino a los empresarios y las ganancias empresariales”, explicó.

El proyecto propone que los salarios puedan vincularse al desempeño laboral, bajo la figura del “salario dinámico”. Para Serrano Alou, se trata de una “dinámica a la baja, que impulsa a la gente que trabaja hacia la pobreza”. “Dicen que se medirá por productividad y mérito, pero en realidad se abre la puerta a una desprotección total del trabajador”, señaló.

Además, el abogado remarcó que la propuesta oficial es inconstitucional, ya que vulnera el artículo 14 bis de la Carta Magna. “Lo que se busca es que el trabajo no tenga la protección de las leyes, y que los derechos que las leyes establecen estén borrados de la realidad. Entonces, claro que es inconstitucional”, enfatizó.

Entre las reformas más destacadas se incluye la posibilidad de acuerdos individuales homologados para modificar condiciones esenciales del contrato, la digitalización de los recibos de sueldo y una nueva regulación de los beneficios sociales —como viáticos, guarderías, capacitación y cobertura médica—.

El texto también permite al empleador realizar cambios en la modalidad de trabajo, siempre que “no resulten irrazonables ni perjudiquen al trabajador”, y habilita la fragmentación de las vacaciones en períodos no menores a una semana, pudiendo otorgarse hasta el 30 de abril del año siguiente.

En materia de jornada laboral, se introduce la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan “bancos de horas” o regímenes especiales, con la única condición de respetar doce horas mínimas de descanso entre jornadas.

El proyecto también redefine los plazos de licencia por enfermedad, crea un registro de médicos peritos dependiente del Ministerio de Capital Humano, y limita los honorarios judiciales en los juicios laborales, que no podrán superar el 25% del monto de la sentencia.

En cuanto a los incentivos a la contratación, la iniciativa incorpora bonos de crédito fiscal para las empresas que sumen nuevos trabajadores, con beneficios diferenciales según el tamaño de la firma. Las microempresas, por ejemplo, podrán acceder a la devolución del 100% de las contribuciones patronales durante un año.

Serrano Alou concluyó que la discusión no puede reducirse a una cuestión técnica o económica: “Se trata de un debate sobre el modelo de país. Si el trabajo deja de tener protección, lo que se destruye no es solo un derecho, sino la base misma de la justicia social”.