Así lo afirmó Fabián Maggi, abogado ambientalista, en diálogo con Apuntes y Resumen, sobre una propuesta legislativa del diputado nacional de Entre Ríos Atilio Benedetti, de la UCR. “Con esta posible ley se permitiría fumigar a solo 10 metros de escuelas, viviendas y cursos de agua, violando el derecho a la salud y al ambiente sano”, dijo.
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se presentó el Proyecto de Ley 5621-D-2025, que busca legalizar las fumigaciones casi sin límites. En Apuntes y Resumen el abogado ambientalista Fabián Maggi brindó detalles de la propuesta e hizo foco puntualmente que “permitiría fumigar a solo 10 metros de escuelas, viviendas y cursos de agua, violando el derecho a la salud y al ambiente sano”, dijo.
El abogado calificó esta iniciativa como “un proyecto criminal” porque según dijo en Radio UNR “reduce la distancia de aplicación de agro tóxicos a solo diez metros de una escuela, una vivienda, ríos, arroyos o lagunas. Es de una gran violencia que nace del lobby de la agroindustria y los empresarios del sector”, afirmó.
“Es un tipo de ley que degrada ambientes y crea un gran impacto negativo en la salud pública”.
Maggi señala que en la actualidad “no hay ninguna regulación nacional que englobe la aplicación de agroquímicos o agro tóxicos” y por lo cual desde la Asociación de Abogados Ambientalista de Argentina “sostenemos que es un proyecto criminal por establecer distancias cortas contrarias a lo que establecen los sectores científicos y académicos”.
En este sentido se remite a una investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto que presentó un informe que “establece como distancia propicia los 1.045 metros”, por lo cual afirma que “son legisladores temerarios quienes pretenden su implementación a nivel nacional”.
“Este proyecto está impulsado por el sector industrial desconociendo todas las advertencias de las organizaciones ambientales”.
ALGUNOS PUNTOS CLAVES DEL PROYECTO:
-Anula las distancias de resguardo establecidas por municipios y provincias.
-Desconoce fallos judiciales que ordenaron proteger a comunidades afectadas.
-Favorece al agronegocio y a las empresas de agrotóxicos, mientras desmantela las normas de protección ambiental.