La concejala de Iniciativa Popular advirtió que el área encargada de las inspecciones eléctricas funciona con un solo agente. Reclamó además información sobre el uso de los fondos recaudados por la Tasa de Inspección y que se garantice el envío de facturas en papel
La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, presentó un proyecto de decreto para que la Municipalidad de Rosario incorpore personal capacitado en el Departamento de Equipos de Elevación y Medición de Energía, dependiente de la Dirección General de Alumbrado Público. La medida busca responder al crecimiento de los reclamos por parte de vecinos y vecinas ante la falta de control de los medidores eléctricos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).De acuerdo con información aportada por la Oficina Municipal del Consumidor, el área responsable de las inspecciones cuenta actualmente con un solo inspector, lo que impide atender los numerosos pedidos de revisión que llegan desde distintos barrios.
“En los últimos meses se ha registrado un incremento significativo de reclamos por parte de vecinos y vecinas sobre la prestación de la EPE. Si bien muchos de los problemas en la prestación del servicio escapan a la órbita local, hay otros que pueden solucionarse desde el Municipio. La inspección de los medidores es un claro ejemplo: los rosarinos reclaman porque no saben si están pagando lo que consumen o si hay un problema en los medidores”, explicó Gigliani.
La concejala recordó además que existen dos Ordenanzas Municipales (N° 1592 y N° 1618) que establecen un porcentaje en cada factura de la EPE destinado a la Tasa de Inspección, y reclamó transparencia sobre el destino de esos fondos. “Por eso también estamos pidiendo cuánto se recaudó y en qué se gastó lo recaudado en dicho concepto”, agregó.
Según la última partida presupuestaria, se habían destinado $1.102.788 para tareas de control e inspección de medidores de electricidad y gas.
En otro tramo de su presentación, Gigliani advirtió que la falta de facturación en papel afecta el acceso a la información de numerosos usuarios. “Hay un sector importante de la sociedad que no tiene conectividad o habilidades digitales. Eso genera dificultades para conocer los montos a abonar, acceder a planes de pago o reclamar inconsistencias en la facturación”, sostuvo.
En esa línea, el proyecto solicita que el Municipio requiera a la EPE la regularización del envío de facturas en formato papel, en cumplimiento del derecho a la información establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (N° 24.240). También plantea que las boletas vuelvan a detallar de manera clara y fundada los motivos de recategorización de los usuarios, y que se refuerce la atención en las oficinas comerciales con personal capacitado para brindar respuestas eficientes a los reclamos.
“La gente necesita saber qué está pagando y tener la posibilidad de reclamar con información completa y accesible. No puede ser que la Municipalidad no tenga capacidad de control sobre un servicio esencial como la energía”, concluyó la concejala.