El rector de la Universidad Nacional de Rosario destacó la importancia del rechazo al veto presidencial en el Senado y afirmó que la norma brinda un marco legal y un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario
Con la aprobación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado, tras el rechazo al veto presidencial, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, expresó su satisfacción por un logro que calificó como fruto de una extensa lucha. “Estábamos con expectativa y estamos muy contentos con el resultado tras una larga marcha de dos años reclamando recursos mínimos e indispensables para que la universidad pueda funcionar y para la jerarquización de la educación pública y la ciencia”, señaló en diálogo con La Marca de la Almohada.
Bartolacci remarcó el compromiso de la comunidad universitaria y científica, que “en situaciones muy precarias siguió haciendo todo para seguir funcionando, siempre para adelante y generando orgullo”. En ese sentido, agradeció a estudiantes, docentes, investigadores y legisladores que acompañaron la demanda de financiamiento.
El rector planteó que ahora la expectativa se centra en la promulgación de la norma: “Esperemos que el presidente de la Nación tome nota y pueda promulgar la ley porque repara varios de los problemas estructurales que estamos atravesando”. Y advirtió que, si el Poder Ejecutivo insiste en bloquear su aplicación, “desde el Consejo Interuniversitario Nacional evaluaremos las acciones a generar incluso en el marco de la justicia”.
Para Bartolacci, la ley significa tres avances clave: un reconocimiento a los reclamos sostenidos en los últimos dos años, un instrumento legal para exigir a Nación el envío de los fondos adeudados y la garantía de un piso para discutir el presupuesto 2026. “La Ley de Educación Superior establece claramente que el presupuesto nunca puede ser menor al del año anterior. Esto nos genera un piso sustancialmente distinto al que el Ejecutivo envió al Congreso respecto a las universidades”, subrayó.
El rector también respondió a las críticas oficiales que señalan la falta de definición sobre el origen de los fondos: “No es razonable pedirle al Congreso que justifique de dónde salen los recursos. Es responsabilidad del gobierno que, una vez aprobada la ley, reasigne partidas para cumplir con lo determinado por el cuerpo legislativo”.
Finalmente, insistió en la necesidad de un presupuesto aprobado por el Congreso, tras dos años de partidas reconducidas: “Eso va a contramano de lo que pregonan las autoridades nacionales sobre transparencia y controles. Cuando no hay presupuesto aprobado, todo lo que se recauda se define direccionalmente”.