El presidente vetó totalmente el proyecto de Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas por un año, argumentando que la norma carece de claridad, genera un impacto fiscal insostenible y compromete la estabilidad económica del país. La medida desató críticas por su impacto en la salud infantil, pero el Ejecutivo defiende su postura como un paso necesario para evitar un desequilibrio presupuestario.

Poco más de cuatro horas después de que se conociera el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, el Boletín Oficial correspondiente a este jueves 11 de septiembre de 2025 dio cuenta también de una decisión en el mismo sentido adoptada por el presidente Javier Milei respecto de una ley aprobada el mismo día en el Senado, conocida como Ley de Emergencia en Pediatría, o directamente “Ley Garrahan”.

La decisión, que ya había sido adelantada por este medio, fue publicada como Decreto 651/2025, mediante el cual se veta en su totalidad el proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso de la Nación el 22 de agosto de 2025. Este proyecto buscaba declarar la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales por un período de un año, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer los sistemas de residencias médicas mediante mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.

Pese a estos loables preceptos, el Ejecutivo consideró que la norma presenta serias falencias técnicas, jurídicas y financieras que justifican su rechazo.

ARGUMENTOS DEL VETO

El veto presidencial se fundamenta en una serie de consideraciones que apuntan a la falta de precisión en la redacción del proyecto, su impacto fiscal desmedido y su potencial para generar distorsiones en el sistema sanitario y en la coparticipación federal.

Entre los puntos destacados del decreto se encuentran:

-Indeterminación normativa: El proyecto carece de parámetros claros y verificables para definir aspectos clave, como los criterios para la asignación de recursos, la delimitación de “funciones críticas” del personal de salud o los procedimientos para garantizar el acceso a servicios de alta complejidad. Esta ambigüedad, según el Ejecutivo, podría derivar en interpretaciones expansivas, litigiosidad y dificultades para la planificación financiera.

-Impacto fiscal insostenible: La recomposición salarial propuesta para el personal de salud pediátrica, que incluye equiparar los ingresos a los niveles reales de noviembre de 2023, generaría un costo estimado de $115.030.000.000. Este gasto, que debería financiarse mediante reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud y el uso de reservas para contingencias sanitarias, comprometería programas esenciales como el calendario de vacunación, la atención de enfermedades como VIH, tuberculosis o hepatitis, y el financiamiento de medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.

-Exención del impuesto a las ganancias: La propuesta de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud que realicen actividades críticas, horas extras o guardias, tanto en el sector público como privado, tiene un alcance “prácticamente ilimitado” y un impacto presupuestario inestimable, afectando directamente los ingresos de la coparticipación federal, una de las principales fuentes de financiamiento de la Nación y las provincias.

-Distorsiones salariales y desigualdades: El proyecto beneficia exclusivamente al personal vinculado a la atención pediátrica, lo que podría generar inequidades con otros trabajadores del sistema sanitario que desempeñan funciones igualmente críticas. Esto, según el Ejecutivo, profundizaría brechas retributivas injustificadas dentro del sector.

-Invasión de competencias del Ejecutivo: El artículo 10 del proyecto, que deroga la Resolución del Ministerio de Salud N° 2109/25, es considerado un avasallamiento de las potestades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso no tiene atribuciones para revocar actos administrativos. Esta resolución, que regula el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, fue diseñada para modernizar el sistema de becas de formación, adaptándolo a los desafíos sanitarios actuales y ofreciendo mayor flexibilidad a los residentes.

-Desfinanciación de programas clave: La reasignación de recursos propuesta equivaldría a un tercio del presupuesto destinado al calendario de vacunas o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Esto podría desfinanciar políticas públicas estratégicas, como el tratamiento de patologías especiales y el acceso a medicamentos esenciales.

Fuente: El Parlamentario