Representantes locales, provinciales y nacionales conformaron una Mesa de Trabajo para coordinar acciones frente a la crítica situación del sector, tras el anuncio presidencial de vetar la ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria

Este lunes, concejales rosarinos se reunieron con legisladores provinciales y nacionales para conformar una Mesa de Trabajo Interjurisdiccional que busque destrabar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, luego de que el presidente Javier Milei anticipara su veto junto con otras medidas como el rechazo a los aumentos a jubilados y la moratoria previsional.

La iniciativa busca coordinar estrategias frente a la creciente vulneración de derechos y responder a una realidad crítica: falta de actualización de aranceles desde diciembre, pérdida del 50% de la capacidad de pago y mayores trabas para acceder a prestaciones esenciales de salud, educación, transporte y acompañamiento terapéutico.

La concejala Verónica Irízar, integrante de la mesa, remarcó que el encuentro permitió “poner en valor y articular estrategias para lo urgente” y cuestionó que el veto “no tiene explicación en términos de déficit fiscal”.

En un documento consensuado, los participantes consideraron que la norma “es una herramienta urgente y necesaria para sostener programas y políticas públicas esenciales” y que su veto “implica un retroceso inaceptable en inclusión, igualdad de oportunidades y protección social”.

El texto fijó tres puntos centrales: rechazo enérgico al veto presidencial, pedido de promulgación inmediata de la ley y continuidad de la Mesa de Trabajo para coordinar con organizaciones de la sociedad civil y promover acciones concretas que garanticen derechos.

La convocatoria surgió tras una jornada pública realizada el 27 de junio en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de la que participaron familias, profesionales y más de 50 instituciones del sector. El documento concluye que el compromiso con estas personas “no puede ser una consigna ocasional, sino una política de Estado sostenida, basada en justicia social, igualdad y defensa de los Derechos Humanos”.