La Cámara de Diputados rechazó una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei que modificaban organismos del Estado como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Además, se aprobaron proyectos para declarar la emergencia del Hospital Garrahan y garantizar recursos a las universidades nacionales

La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría la derogación de cinco decretos claves del Gobierno y otorgó media sanción a leyes para financiar a las universidades nacionales y declarar la emergencia del Hospital Garrahan. La sesión, impulsada por bloques opositores, duró más de doce horas y dejó al oficialismo sin margen para evitar el avance parlamentario.

La sesión comenzó a las 12.20 del miércoles con la presencia de 131 legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el socialismo santafesino, parte del radicalismo y la izquierda. A lo largo de la jornada, ese bloque opositor logró imponer una batería de iniciativas que no solo contradicen el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, sino que afectan directamente herramientas de su administración.

Entre los principales puntos aprobados se encuentran dos proyectos: el de Financiamiento Universitario, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, que apunta a garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, recomponer salarios docentes y estabilizar el presupuesto; y el de Emergencia Pediátrica, con 159 votos afirmativos y 67 negativos, que declara la emergencia sanitaria del Hospital Garrahan y de las residencias médicas, y prevé una reasignación de partidas y mejoras salariales en el área de salud infantil.

Simultáneamente, la oposición logró avanzar con el rechazo a cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas de la Ley Bases. El más significativo es el DNU 462/25, que preveía la disolución y reorganización de organismos del Ministerio de Economía como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, transfiriendo sus funciones al propio Ministerio. La Cámara lo rechazó por 141 votos contra 65.

También fueron rechazados decretos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25), que proponía su transformación institucional, con 133 votos a 69; la reforma del sistema de Marina Mercante (DNU 340/25), por 118 votos contra 77; organismos culturales (DNU 345/25), con 134 votos a favor del rechazo; y estructuras de la Secretaría de Transporte (DNU 461/25), que cayó por 138 a 65.

A pesar del rechazo, los decretos siguen vigentes hasta tanto el Senado confirme su anulación. Desde el oficialismo advirtieron que “la votación no tiene efectos jurídicos inmediatos” y que la última palabra la tiene la Cámara Alta. Sin embargo, la magnitud política del resultado fue interpretada como un retroceso significativo para el Ejecutivo.

Durante el debate, la diputada Carolina Gaillard (UxP) sostuvo que “el intento de disolver organismos técnicos como el INTI o el INTA es una muestra de desprecio por el desarrollo científico y productivo del país”. Y agregó: “Este Congreso no puede permitir que se vacíen instituciones que garantizan soberanía tecnológica y asistencia a las economías regionales”.

En paralelo, se votó la creación de una comisión investigadora sobre la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. La iniciativa, que había sido bloqueada en semanas anteriores, obtuvo finalmente 135 votos a favor y 70 en contra. Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, cuestionó el procedimiento y desestimó la denuncia: “El testigo que trajeron hizo un papelón”, argumentó.

También se trataron emplazamientos a comisiones para que avancen dictámenes sobre reformas en la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), iniciativas impulsadas por los gobernadores y sancionadas previamente por el Senado. El oficialismo había citado para discutir ambos temas el próximo 13 de agosto, pero la oposición decidió anticipar el proceso.

El Gobierno venía utilizando los decretos ahora rechazados para avanzar en un esquema de reorganización estatal que incluía recortes, disoluciones y traslados de competencias. En el caso de Vialidad Nacional, por ejemplo, la intención oficial era eliminarla como entidad autárquica y convertirla en una dirección dependiente del Ejecutivo, bajo la órbita de Economía.

Respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos, la modificación había generado fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, que señalaron que se ponía en riesgo la independencia científica de un organismo clave en la restitución de identidad a hijos de desaparecidos. “No se puede permitir que el Gobierno desmonte una herramienta esencial de memoria y justicia”, declaró el diputado Eduardo Valdés (UxP).

Con esta sesión, la Cámara Baja dejó establecido un escenario de conflicto institucional. El Senado deberá ahora ratificar o no la derogación de los decretos, lo que podría configurar un nuevo revés para el oficialismo si no logra alinear los votos necesarios.

Mientras tanto, la oposición ya fijó el 20 de agosto como fecha tentativa para una próxima sesión, donde buscará insistir con el rechazo a los vetos presidenciales a leyes de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad. El bloque espera reunir los dos tercios requeridos para esa instancia.