Organizaciones convocan este martes a una concentración en Plaza San Martín. Advierten que el rechazo presidencial agrava una crisis estructural en el sector de discapacidad. Trabajadores denuncian abandono, tarifarios desactualizados y pérdida de servicios
Este martes a las 10, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en Rosario y se movilizarán a Plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación, para repudiar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y que fue anulada por decreto la semana pasada.
La protesta fue convocada por Apridis (Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad) y se suma a expresiones de rechazo que se replican en distintas ciudades del país. La movilización busca visibilizar el impacto del veto sobre un sector históricamente postergado, hoy en crisis por los recortes presupuestarios, la falta de actualización de aranceles y la desprotección estatal.
En diálogo con La Marca de la Almohada, Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), sostuvo: “Se trata de una necesidad de todo el colectivo. Es un golpe durísimo. Con el veto, el gobierno ratifica el abandono a las personas con discapacidad. Es una declaración de principios al negar el dolor del otro”.
La ley vetada establecía una serie de medidas paliativas: creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad, actualizaciones mensuales en los aranceles de prestaciones, una compensación para prestadores y garantías de cobertura médica integral, entre otros puntos. Su costo fiscal fue estimado en solo el 0,03% del PBI, cifra confirmada por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“El presidente impone una postura puramente fiscalista, abandonando a quienes más lo necesitan. Estamos muy angustiados, venimos golpeados desde hace tiempo. Es momento de unirse y pensar estrategias”, agregó Bolego. Y anticipó: “Iremos por el camino judicial, pero lo triste es que tengamos que llegar a eso”.
El referente de Atraes también describió el deterioro de las condiciones del transporte especializado: “Desde la creación de la ley, el valor por kilómetro equivalía al 80% del litro de gasoil. Antes de que asuma Milei, el arancel era de $272 y el combustible $330. Hoy el valor por kilómetro es de $500, pero el gasoil ya supera los $1.500. Así, el sistema se vuelve inviable”.
La consecuencia directa —advirtió— es la pérdida de prestadores: “Ya se perdió el 50% de los transportistas del sector. La inversión es difícil y el servicio dejó de ser rentable. El Estado tiene que hacerse cargo, o ¿espera ver cadáveres en las calles, como dijo el propio presidente?”, ironizó.
Para los referentes del sector, el veto no responde a una necesidad de ajuste, sino a una decisión ideológica. “Esto no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Es ideológico, no económico. Está confirmado que representa apenas una fracción mínima del presupuesto. Pero con estos niveles de pobreza y abandono, esto es una bomba”, concluyó Bolego.