El presidente frenó tres leyes aprobadas por el Congreso con argumentos de desequilibrio fiscal. El paquete representaba más del 1,6% del PBI y $17 billones en 2026. Las cámaras pueden insistir con dos tercios de los votos

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto completo a tres leyes clave aprobadas por el Congreso: el aumento jubilatorio del 7,2% con nuevo bono, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Lo hizo mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se argumenta que las medidas son “fiscalmente irresponsables” y carecen de sustento financiero claro. La decisión profundiza la tensión con amplios sectores sociales y parlamentarios.

Según los cálculos difundidos por el Poder Ejecutivo, la implementación de las tres leyes implicaría un gasto de $7 billones en 2025 (0,9% del PBI) y $17 billones en 2026 (1,68% del PBI), lo que, en palabras del decreto, “aumentaría en forma significativa e irresponsable las erogaciones del Estado Nacional sin la correspondiente generación de recursos”.

Desde Casa Rosada también se objetó el procedimiento legislativo: afirman que la sesión del 10 de julio en el Senado estuvo “viciada de nulidades” por la falta de una citación válida y la utilización de una mayoría simple para habilitar el tratamiento, cuando —según el Ejecutivo— correspondía una mayoría especial.

¿Qué leyes fueron vetadas?

• Ley N° 27.791: Establecía una suba del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones pagadas por ANSES y elevaba el bono mensual de $70.000 a $110.000. Para cubrir ese gasto, la norma incorporaba como fuente de financiamiento el cobro de IVA a directores, síndicos y administradores de sociedades civiles y comerciales.
• Ley N° 27.792: Restituía la moratoria previsional por dos años, permitiendo que personas en edad jubilatoria sin 30 años de aportes puedan regularizar su situación. También modificaba la PUAM, bajando la edad mínima de las mujeres de 65 a 60 años y haciendo compatible su cobro con ingresos laborales u otras prestaciones.
• Ley N° 27.793: Declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026. Creaba una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo, garantizaba cobertura médica integral para los beneficiarios, compensaciones por desfasajes en los aranceles de prestaciones y actualizaciones mensuales a partir de 2025.

El veto, en cifras

El decreto detalla los costos estimados que cada medida implicaría para el presupuesto nacional:

• Aumento jubilatorio (7,2%): $1,97 billones este año (0,24% del PBI) y $4,2 billones en 2026 (0,42% del PBI).
• Bono de $110.000: $1,3 billones en 2025 (0,16%) y $3,2 billones en 2026 (0,33%).
• Total ley N° 27.791: $4,45 billones (0,54%) este año y $8,9 billones (0,89%) el próximo.
• Moratoria previsional: $156 mil millones (0,02%) en 2025 y $1,17 billones (0,12%) en 2026.
• Cambios en la PUAM: $148 mil millones (0,02%) en 2025 y $704 mil millones (0,07%) en 2026.
• Pensión por discapacidad: $2,16 billones (0,26%) en 2025 y $4,7 billones (0,47%) en 2026.
• Actualización de aranceles para prestadores: $278 mil millones (0,03%).

“El Poder Ejecutivo asumió una responsabilidad clara: lograr el equilibrio fiscal y cuidar los escasos recursos del Estado luego de décadas de desmanejo”, indica el decreto. Para la administración Milei, aprobar este paquete sería “dar marcha atrás” en el rumbo de austeridad trazado desde diciembre.

El discurso presidencial insiste en que no puede haber nuevos gastos sin reducción equivalente en otras partidas o generación concreta de ingresos. Por eso, el Gobierno rechazó también las herramientas compensatorias propuestas por las leyes, como el cobro del IVA a ciertos cargos societarios.

Sí. Las cámaras legislativas —Diputados y Senado— pueden revertir el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. No obstante, analistas advierten que lograr ese piso político será complejo, especialmente en el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría pero la oposición se encuentra fragmentada.

Mientras tanto, los sectores directamente afectados por las medidas vetadas —jubilados, personas con discapacidad, trabajadores informales sin aportes— quedarán sin acceso a las mejoras que había aprobado el Congreso tras un fuerte respaldo opositor.