Este lunes juraron los 69 convencionales constituyentes que tendrán 40 días —prorrogables por 20 más— para redactar un nuevo texto constitucional. Se discutirá la reelección del gobernador, límites a los mandatos, derechos laborales, jubilaciones y autonomía municipal, entre otros puntos
Con un acto institucional desarrollado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, este lunes 14 de julio quedará formalmente inaugurada la Convención Constituyente que reformará la Constitución santafesina por primera vez desde 1962. Se trata de un proceso largamente postergado y esperado: Santa Fe es la única provincia argentina que no reformó su carta magna desde la reforma constitucional nacional de 1994.
Los 69 convencionales electos en los comicios del pasado 28 de abril prestaron juramento en la capital provincial y comenzaron el proceso que, de acuerdo al cronograma establecido por ley, deberá extenderse por un plazo de 40 días, con posibilidad de una prórroga de 20 días adicionales. El objetivo: actualizar parcialmente la Constitución vigente, limitada en sus facultades, desactualizada respecto al marco nacional, e insuficiente para atender demandas sociales, institucionales y tecnológicas contemporáneas.
En esta primera sesión se designarán también las autoridades que presidirán la Convención. La alianza oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, que cuenta con 33 convencionales. Desde el espacio Más para Santa Fe habían propuesto que el presidente fuera el convencional de mayor edad, el senador Osvaldo Sosa.
Este martes continuará el trabajo con la aprobación del reglamento interno de funcionamiento de la Convención y la conformación de las comisiones que analizarán los 42 artículos habilitados por la Legislatura para su reforma. Aunque el epicentro del debate será la ciudad de Santa Fe, algunas comisiones sesionarán también en Rosario, en un intento por federalizar la discusión.
En términos políticos, uno de los ejes centrales de la reforma será la posibilidad de reelección del gobernador y del vicegobernador, una modificación que permitiría al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, buscar un nuevo mandato. Actualmente, la Constitución provincial impide la reelección inmediata del Ejecutivo.
A su vez, se discutirán los límites a los mandatos de senadores, diputados, intendentes y presidentes comunales, que podrían quedar restringidos a dos períodos consecutivos. También se abordará la eliminación de la inmunidad de proceso de los legisladores (conocida como “fueros”) y la implementación de la llamada “ficha limpia”, que impediría postularse a cargos públicos a quienes tengan condenas por delitos de corrupción.
Otro de los puntos clave será la posible constitucionalización del régimen previsional provincial. El debate en este eje enfrenta a sectores del oficialismo, como el Partido Socialista —defensor del sistema público provincial—, y otros como el PRO, que proponen mayor apertura. La inclusión del régimen jubilatorio en el texto constitucional limitaría su posible traspaso a la ANSES en el futuro.
El artículo 107 de la actual Constitución también será revisado para avanzar en una ampliación de la autonomía municipal. Se debatirá su alcance político, económico, institucional y administrativo, junto con la posibilidad de dictar cartas orgánicas propias. Asimismo, se definirá que los municipios con más de 20.000 habitantes renueven la mitad de sus Concejos cada dos años, en simultáneo con los comicios provinciales.
En materia de derechos y garantías, los convencionales debatirán la inclusión de nuevas figuras como la ciudadanía digital, el derecho a la seguridad informática, la protección de datos personales, el gobierno abierto y la lucha contra el cibercrimen. También se analizará la incorporación de principios sobre derechos laborales, salud, ambiente y educación, en línea con los estándares constitucionales nacionales y los tratados internacionales.
Otro de los temas de peso será el funcionamiento del Poder Judicial. En ese capítulo se discutirán propuestas para ampliar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de seis a siete miembros, fijar una edad máxima para ejercer el cargo, y otorgar rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Servicio Público de la Defensa.
La Convención funcionará en un marco de pluralidad política. Unidos para Cambiar Santa Fe es el bloque con mayor representación (33 convencionales), pero necesita al menos dos votos adicionales para alcanzar mayoría simple (35). La oposición estará representada por Más para Santa Fe (12 convencionales), La Libertad Avanza (10), Somos Vida y Libertad (7), Activemos (4) y el Frente de la Esperanza (3).
Algunos sectores opositores solicitaron que para aprobar ciertos artículos se requiera una mayoría agravada de dos tercios, lo que obligaría al oficialismo a tejer amplios consensos. Desde la Casa Gris, no obstante, ya adelantaron que el objetivo es alcanzar acuerdos que otorguen legitimidad institucional a los cambios propuestos.
El reglamento interno definirá también cómo serán los mecanismos de participación y consulta a la ciudadanía durante el proceso. Si bien no se prevé un plebiscito vinculante, algunos sectores plantean la necesidad de generar instancias de escucha y diálogo con actores sociales, gremios, colegios profesionales y universidades.
La actual Constitución provincial fue sancionada en 1962 durante el gobierno del radical Carlos Sylvestre Begnis, y se mantuvo sin modificaciones durante más de seis décadas. Su falta de actualización la coloca por detrás de los avances producidos en el orden jurídico nacional e incluso internacional, lo que ha generado múltiples reclamos para su reforma.
