La entidad redujo su red de atención de 769 a 709 sucursales como parte de un plan de ajuste que incluye la transformación de centros PyME y la readecuación de gerencias regionales

El Banco Nación avanza con un drástico plan de ajuste que derivó en el cierre de 60 sucursales en todo el territorio nacional, dejando a cientos de trabajadores en la incertidumbre. Bajo el eufemismo de “reordenamiento operativo”, la entidad que preside Daniel Tillard ejecuta lo que los sindicatos califican como un “desguace planificado” de la banca pública.

Los números oficiales hablan de ahorros por $139,5 millones, pero callan el costo humano: empleados que pierden sus puestos de trabajo y localidades que quedan sin acceso a servicios bancarios básicos. “Detrás de cada sucursal cerrada hay familias que dependen de esos salarios”, denunció el gremio bancario, que prepara medidas de fuerza.

El plan incluye la reconversión de 45 centros PyME a un modelo “sin oficinas”, donde los clientes deberán esperar visitas de ejecutivos en lugar de acudir a una sucursal. Esta medida, presentada como innovación, en la práctica reduce la dotación de personal y traslada la carga operativa a los trabajadores que quedan.

La reducción de gerencias zonales (de 33 a 29) completa un cuadro de retraimiento de la presencia estatal en el sistema financiero. “Es el mismo libreto en todas las empresas públicas: primero hablan de eficiencia, después de ahorros, y al final siempre hay trabajadores en la calle”, señaló un delegado gremial que prefirió mantener el anonimato.

El discurso oficial insiste en que estas medidas forman parte del “Plan Estratégico 2024-2027” y alinean al banco con la política de ajuste del gobierno nacional. Sin embargo, los números muestran otra realidad: mientras se reducen servicios al público, las ganancias del sector financiero privado alcanzan récords históricos.

Este recorte se produce en paralelo al proceso de conversión del Banco Nación en sociedad anónima, un paso previo a lo que muchos temen podría ser una eventual privatización. Los trabajadores advierten que, lejos de “modernizar” la entidad, estas medidas debilitan estratégicamente a la principal herramienta de crédito y financiamiento para las pymes argentinas.

El cierre de sucursales no es solo un problema laboral: afecta especialmente a localidades del interior donde el Nación era, en muchos casos, la única entidad bancaria presente. Los gremios anticipan que presentarán un recurso de amparo para frenar lo que consideran un “vaciamiento encubierto” de la banca pública más importante del país.