Lo dijo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat al ser consultado por el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner “es lamentable y en eso la opinión jurídica es coincidente. Sólo los medios hegemónicos lo ven de otra forma después de presionar para que la Corte falle en un tiempo récord con el fin de que la ex presidente quede inhabilitada para participar de la compulsa electoral en la provincia de Buenos Aires”. Las palabras corresponden al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien opinó sobre el dictamen que ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación permanente de ocupar cargos públicos a la dos veces ex presidenta de la Nación.
En diálogo con La Marca de la Almohada, el jurista dijo que ahora “los defensores de Cristina Fernández recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y, de acuerdo a lo anunciado por el doctor Gregorio Dalbon, se presentará un recurso ante el Tribunal Internacional de La Haya para impugnar el fallo, aunque para eso debe tener el apoyo de otros países y organismos internacionales reconocidos”.
Respecto a los posibles fallos que dicten los tribunales internacionales, Barcesat sostuvo que “de darse, deberían tener repercusión inmediata dentro de la Argentina”, aunque guardó cierto pesimismo al sostener que “ha sucedido un retroceso de la Corte Suprema cuando en el caso que involucró al peridodista Jorge Fontevecchia y en el cual se condenó al Estado Argentino, la Corte se negó a darle tratamiento diciendo que no compartían el fallo y que era optativo cumplir o no cumplir la resolución de la CIDH. Eso es un retroceso institucional enorme porque la Nación ha jerarquizado los tratados internacionales con su incorporación a la Constitución Nacional porque no corresponde decir este fallo lo cumplo o no lo cumplo”.
Respecto a las irregularidades del fallo condenatorio a la ex presidenta, Barcesat comentó que hay dos cuestiones de sobrepeso que lo hacen discutible desde todo punto de vista. “La primera es que esta causa estuvo en manos del juez federal Julián Ercolini, que viendo que se trataba de obras públicas en la provincia de Santa Cruz se declaró incompetente previo dictamen del fiscal que así lo aconsejó, y entonces el expediente fue a la jurisdicción de esa provincia cuya Justicia federal aceptó actuar y dictó sentencia sobreseyendo a la ex presidenta por inexistencia de delito. Sin embargo el expediente llegó a la Cámara de Casación que urdió una maniobra con el aval de la Corte Suprema y admitió una supuesta prueba pericial que supuestamente no había sido contemplada por la Justicia de Santa Cruz y en vez de devolverle el expediente a esa jurisdicción se las mandó nuevamente al juez Ercolini, quien se había declarado incompetente en una primera instancia, y éste aceptó ahora la competencia quebrantando el principio de la doble persecución penal porque ya tenía fuerza de cosa juzgada”.
“La otra situación, más grave aún, es que desde la reforma constitucional de 1994 quien tiene la conducción de la administración diaria del Estado federal es el jefe de gabinete de ministros y no el presidente. Por eso, quien firmó las órdenes de pago de las obras realizadas en Santa Cruz fueron los jefes de gabinete que declararon como testigos y que dijeron que todo se hizo de forma correcta porque venía con el visado e inspección de obra de la filial Santa Cruz de Vialidad Nacional. Sin embargo ninguno de ellos tuvo reproche penal mientras la ex presidenta paga las consecuencias de algo que no hizo y cuya firma no está en ningún papel”.
Finalmente, el prestigioso abogado manifestó que “esto es algo muy bestial, es un caso arquetípico del lawfare o persecución judicial donde el relato mediático prevalece sobre las pruebas concretas que hay en la causa y por lo tanto tiene un carácter ficcional como lo tienen la causa de los cuadernos quemados y luego resucitados, o la causa de Memorándum con Irán donde nunca tomó estado ejecutorio ya que el Parlamento iraní jamás lo ratificó y nuestro Congreso Nacional sí con los votos de todos las bancadas pero después la Justicia lo consideró inconstitucional y el gobierno de Mauricio Macri no quiso echar mano al recurso de Casación por lo que el fallo quedó firme. Sin embargo ahí sigue la causa andando de nuevo después de que un tribunal dispusiera el sobreseimiento de todos los encartados. Pero bueno, esta es la Justicia argentina”.
