Este lunes comienza a aplicarse en la provincia una modalidad prevista por la Constitución desde 1853. El debut será en San Cristóbal con un caso de femicidio en grado de tentativa
Santa Fe inicia este lunes 9 de junio una nueva etapa en su sistema judicial con la puesta en marcha del juicio por jurados. El estreno tendrá lugar en los Tribunales de San Cristóbal, donde comenzará un proceso penal por homicidio calificado y femicidio en grado de tentativa, en el que participarán 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes seleccionados por sorteo.
Se trata de la implementación de la Ley N.º 14.253, sancionada en marzo de este año y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La norma establece que ciertos delitos graves, como homicidios agravados, robos seguidos de muerte, abusos sexuales con resultado fatal y enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y civiles, deberán juzgarse a través de esta modalidad.
“El juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y ahora Santa Fe se suma a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Chubut y CABA, que ya lo implementaron”, explicó Santiago Mascheroni, secretario de Justicia provincial. “Es un cambio de paradigma. Democratiza la justicia y permite que la sociedad juzgue a sus pares”, añadió.
¿Cómo funciona?
El sistema prevé la participación de ciudadanos sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Quedan excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, policías, militares, personas con antecedentes penales, mayores de 76 años, menores de edad, madres lactantes y quienes tengan relación directa con el caso.
Los 12 jurados titulares deliberan en conjunto y deben llegar a un veredicto unánime. Si no se logra, el juicio se declara nulo y puede repetirse con otro tribunal. La figura del juez se mantiene, pero su rol se limita a dirigir el debate y aplicar la sentencia en caso de condena.
Participación ciudadana en la justicia
La selección de jurados se realiza por sorteo entre los ciudadanos incluidos en el padrón electoral. Es obligatoria, salvo causas justificadas, y quienes participan reciben una compensación económica y cobertura legal durante el proceso.
Desde el gobierno provincial aseguran que esta nueva herramienta fortalece la confianza en el sistema judicial y promueve una mayor transparencia. “Cuando el pueblo participa de las decisiones de justicia, también se fortalece la democracia”, concluyó Mascheroni.
