Desde las 11, organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad se concentran en Plaza San Martín para pedir la urgente sanción del proyecto que busca declarar la emergencia del sector y garantizar derechos básicos
Diversos sectores vinculados a la discapacidad en Rosario convocaron a una movilización este martes en Plaza San Martín, a partir de las 11, con el objetivo de exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa legislativa busca atender una serie de problemáticas estructurales que atraviesan prestadores, familias y personas con discapacidad en todo el país.
La convocatoria fue impulsada por instituciones nucleadas en Apridis y Atraes, además de transportistas y centros que trabajan con personas con discapacidad, quienes advierten una profunda crisis en el sistema de atención y reclaman respuestas urgentes del Estado.
El proyecto de ley propone declarar el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad como de interés público nacional y en emergencia por el plazo de un año, prorrogable por igual término.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la regularización de pagos atrasados a prestadores del sistema de salud, y la actualización mensual de los aranceles de prestaciones. También busca garantizar un financiamiento adecuado para las pensiones no contributivas por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia.
El texto contempla además el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante una mejora de sus bases de datos y auditorías específicas para detectar fallas en la gestión. A esto se suma la obligación del Poder Ejecutivo de brindar informes públicos sobre la ejecución presupuestaria y las medidas tomadas en el marco de la emergencia.
Otro punto clave es la creación de compensaciones económicas para prestadores de servicios y para los talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
En cuanto al Certificado Único de Discapacidad (CUD), el proyecto establece que la ANDIS deberá articular con el Consejo Federal de Discapacidad los lineamientos para su otorgamiento, contemplando una perspectiva integral que considere las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona.
Además, se asignan recursos específicos a talleres protegidos y centros de día, que actualmente atraviesan serias dificultades para sostener su funcionamiento. Y se ratifica el cumplimiento efectivo del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el ámbito del Estado nacional.
