El Consejo Interuniversitario Nacional presentó una iniciativa que busca asegurar la sustentabilidad del sistema universitario público mediante un esquema de inversión progresiva, actualización salarial, fortalecimiento de becas y creación de nuevas carreras estratégicas
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un marco integral para garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en Argentina. La propuesta cuenta con el respaldo de gremios docentes, organizaciones estudiantiles y bloques parlamentarios como Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
El proyecto propone que el Estado nacional incremente progresivamente su inversión en educación universitaria hasta alcanzar, en 2031, un mínimo del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Este crecimiento se realizará de forma escalonada: comenzando con el 1% del PBI en 2026 y aumentando 0,1 puntos porcentuales por año.
Condensado en doce artículos, el texto establece una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal. Esta “Proporción Universitaria” se transferirá mensualmente al programa presupuestario de desarrollo de la educación superior sin afectar la distribución a las provincias ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Entre sus objetivos prioritarios se encuentran: mejorar las condiciones de ingreso, permanencia y egreso del estudiantado; garantizar los salarios y condiciones laborales del personal docente y nodocente; ampliar la oferta académica; fortalecer la infraestructura y el equipamiento universitario; promover la extensión, la investigación y la internacionalización inclusiva.
El proyecto contempla convocatorias regulares a paritarias con una frecuencia máxima de tres meses, y actualizaciones salariales mensuales no inferiores a la inflación oficial, con la obligación de incorporar sumas no remunerativas a los básicos de convenio.
Además, crea un Fondo para Carreras Estratégicas de $10.000 millones iniciales —actualizable por inflación— destinado al desarrollo de nuevas carreras, investigación aplicada, convenios internacionales y becas en áreas clave como inteligencia artificial.
También refuerza el sostenimiento de los programas de becas y bienestar estudiantil, incluyendo la ampliación progresiva de montos y beneficiarios, con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación como parte del derecho universal a la educación superior y del reconocimiento de la universidad como bien público.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar el presupuesto universitario prorrogado, e incluye una cláusula para que dentro del presupuesto nacional de obra pública se destine un porcentaje a la infraestructura universitaria.
En contexto, la presentación del proyecto se produce tras meses de conflicto entre el gobierno nacional y las universidades, y podría coincidir con una nueva Marcha Federal Educativa que ya comienza a gestarse en distintas instituciones del país. A pesar del amplio respaldo social, el gobierno ya anticipó su rechazo. Días atrás, el ministro del Interior Guillermo Francos advirtió: “Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va vetar”.
Con estos lineamientos, el proyecto de ley apunta a garantizar un financiamiento estable, autónomo y transparente del sistema universitario público, reconociendo su rol estratégico para el desarrollo social y económico de la Argentina.
