Lo dijo el rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, al hablar del proyecto del gobierno nacional de modificar la ley inmigratoria y cobrarles aranceles a los estudiantes extranjeros. En ese orden sostuvo que en la UNR sólo el 0,4% del estudiantado proviene de otros países y que hay leyes que protegen su estadía en el país.

 Tras el anuncio del gobierno nacional acerca de los cambios a aplicar en la política inmigratoria, modificaciones que obligarían a cobrar por los servicios de salud brindados a extranjeros y habilitar a las universidades nacionales a cobrar aranceles para los servicios educativos para los residentes temporarios, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, sostuvo que “habría que ver la letra chica de la cuestión porque esta es la quinta vez que en un año en el que se aborda el tema y nunca pasó nada”.

En diálogo con La Marca de la Almohada, el rector y vicepresidente del Concejo Interuniversitario Nacional (CIN), reiteró “no existe en el sistema universitario argentino la categoría de estudiantes regulares no residentes para las carreras de grado, y en los posgrados ya se paga para poder cursarlos”.

“Adicionalmente a esto _agregó Bartolacci_  las universidades no hacen lo que les parece sino que se aferran a lo que indican las leyes vigentes. Por eso una decisión de esta naturaleza debe discutirse en el Congreso de la Nación ya que hay al menos dos leyes que hoy regulan el tema. La Ley de Migraciones, que en su artículo 6 dice expresamente que al país le asisten derechos en materia educativa a extranjeros y nacionales de manera igualitaria; y el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior que establece taxativamente que las universidades públicas no pueden cobrar tasas, gravámenes o aranceles en las carreras de grado. Por lo tanto, una decisión como esta, tal como está planteada, tendría un impacto casi nulo ya que no hay población de referencia. No existe esa categoría en las universidades públicas y choca contra las leyes vigentes”.  

Asimismo, el rector explicó que “si uno se pusiera a hilar finito y debiera cobrarse a los alumnos que empiezan una carrera de grado mientras gestionan su residencia con visa de estudiantes, en la Universidad Nacional de Rosario sólo alcanzaría a un 0,4% del estudiantado, algo insignificante y por unos pocos meses que dura el trámite de residencia”.

“Todos los estudiantes que están en el país realizando carreras de grado tiene residencia porque así lo exige la Ley de Migraciones y los acuerdos internacionales de los que Argentina es signatario, en particular los del Mercosur”, agregó Bartolacci, y manifestó que “está idea que siempre anda dando vueltas acerca de que las universidades argentinas están llenas de estudiantes extranjeros es una falacia ya que aún contabilizando a los estudiantes que tienen la residencia permanente no superan el 5% del total de los inscriptos en Rosario y alrededor del 3,5% del sistema universitario nacional”.

Respecto a por qué el gobierno nacional planteó la discusión, el rector de la UNR dijo que “se instala una idea que interpela a un sector de la sociedad argentina, dicho de otra manera cae bien decir ciertas cosas para un segmento de la población. Pero nuestra responsabilidad es poner blanco sobre negro sobre lo que está ocurriendo. A mí me gustaría no sólo como rector sino como vicepresidente del CIN que en vez de discutir este tema estemos discutiendo la financiación del sistema universitario, cuánto necesita la universidad pública para funcionar y de donde salen esos recursos. Por eso desde el CIN estamos pidiendo que el Congreso se de esa discusión y que no estemos todos los años reclamando lo que necesitamos para subsistir. Que tengamos una ley que resuelva estructuralmente el problema”.

Finalmente, Bartolacci se expresó sobre la financiación de las universidades nacionales y dijo que “estamos en una situación más compleja que la del año pasado. Y eso se explica en tres ámbitos: la cuestión del presupuesto de funcionamiento en el cual tuvimos un leve incremento del 27% a partir de abril pero aún con esa suba estamos 110% abajo respecto del incremento inflacionario desde noviembre de 2023; la desfinanciación del sistema científico que está en un estado terminal a tal punto que si no se revierte vamos a tener que suspender proyectos de investigación, vamos a perder a investigadores prestigiosos, recursos humanos generados por la misma universidad pública; y el tercer punto es el salarial ya que hoy el 80% del personal docente y no docente del sistema universitario nacional está por debajo de la línea de la pobreza, algo inadmisible cuando se trata de quienes están encargados de formar a los futuros profesionales de este país”. En este punto el rector explicó que “ hoy un docente inicial de dedicación simple cobra entre 150 mil y 200 mil pesos por mes; un profesor titular simple que está al frente de una cátedra cobra entre 300 y 400 mil pesos por mes y nadie en su sabio juicio puede decir que eso esté bien”.