El diputado nacional Daniel Arroyo impulsa un proyecto de ley de emergencia en el sector después de conocerse la intención de la gestión de Javier Milei de recortar unas 400 mil asignaciones no contributivas. Por su parte, la especialista Gabriela Bruno aseguró que “ésto es volver a las políticas de los 90”

Con la excusa de realizar una auditoría, el gobierno nacional prevé recortar unas 400 mil pensiones por discapacidad, es decir un tercio de los beneficiarios, por supuestas “irregularidades” en su entrega durante la gestión anterior. Hasta el momento, la mitad de los beneficiarios nunca recibió notificación alguna para ser evaluado por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) mientras que, la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a debatir un proyecto de ley que declare la emergencia en el área.

Al respecto el diputado nacional Daniel Arroyo, quien impulsa el mencionado proyecto, dijo en La Marca de la Almohada que “el Poder Ejecutivo está haciendo una auditoría pero la está haciendo mal ya que investiga a quiénes reciben las pensiones y no a los médicos o instituciones que otorgan los certificados correspondientes para ver quiénes se los dieron”. En este sentido puso como ejemplo que “si hay una localidad en la que se detecta que se entregaron más certificados que la media nacional y quien los otorgó es el mismo médico o sanatorio, auditemos eso y no pongamos a un millón 300 mil personas en situación de emergencia. Esas personas hoy están recibiendo cartas documentos o mensajes de whatsapp pidiendo que pongan todos sus datos cuando es época de estafas virtuales y además  generan filas de hasta 10 horas en la Agencia Nacional de Discapacidad porque el gobierno desarmó todas las delegaciones regionales y entonces tienen que ir a Buenos Aires para mostrar un papelito que certifique su discapacidad. Es verdaderamente una actitud perversa que tiende a un recorte altísimo y un ajuste brutal”.

Asimismo, Arroyo manifestó que “en el caso de discapacidad están llevando adelante una acción peor de la que hicieron con los comedores comunitarios, empezando por el vocero presidencial Manuel Adorni que mostró una radiografía de un perrito diciendo que era de una persona con discapacidad cuando eso es mentira, y luego la misma Agencia Nacional de Discapacidad que sacó la resolución Nº 187 en la cual denomina a los discapacitados como idiotas, imbéciles y débiles mentales volviendo 100 años para atrás en lo que a legislación se refiere”.

El legislador aseguró que otro tema preocupante por el cual solicita la emergencia es el de los importes que se pagan por las pensiones no contributivas. “Una persona que trabaja 4 horas por día en un taller protegido durante toda la semana recibe 28 mil pesos por mes. Una persona que pone su vehículo para trasladar a un discapacitado cobra 541 pesos por litro de nafta cuando la nafta sale 1.300 pesos el litro y entonces, en vez de llevar a la persona cinco días por semana al lugar donde realiza la terapia lo lleva dos. Un chico que asiste a una escuela común y necesita de una asistente se encuentra con que esa persona busca otro trabajo porque no le alcanza para comer y desatiende al niño. Por todo eso apuntamos a la ley de emergencia que tiende a actualizar los montos que están totalmente desfasados”.

 Por su parte Gabriela Bruno, que es Secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista Argentino, sostuvo que “el Estado siempre tiene que auditar, pero tenemos que ver de qué manera se realizan esas auditorias. Desde el año pasado el Ejecutivo viene viendo la cantidad de pensiones por discapacidad que tenía que recortar entendiendo que eso es un gasto y no una inversión en políticas tendientes a la calidad de vida de las personas que tienen una invalidez laboral, es decir personas que no pueden acceder a un trabajo”.

“Esto es volver a las políticas de los 90”, dijo Bruno, “cuando hay disposiciones que desde 2014 tienen rango constitucional por lo que Argentina tiene que aggiornar su legislación a esa convención, algo que este gobierno desconoce”.

“Así las cosas estas auditorías se basan sólo en los diagnósticos sin tener en cuenta las situaciones de aquellas personas no pueden trasladarse al trabajo, o viven en zonas rurales, o no tienen lugares educativos por lo que no cuentan con los elementos simbólicos para desempeñarte en puestos laborales, e incluso en lugares donde no hay oferta laboral para las personas con discapacidad. El Estado mismo ha echado de su planta a personas que cumplían funciones en distintas reparticiones”, afirmó la especialista en discapacidad.

Bruno contó que “están llegando cartas documentos a domicilios donde las personas afectadas ya no viven y esas personas están peregrinando para saber cómo hacer. Y respecto a aquellas personas que han recibido las cartas, son enviado a sanatorios privados en los cuales no saben qué hacer. Quiero decir, están implementado todo mal a tal punto que en el norte santafesino envian a auditar a Rafaela a gente que vive en Tostado, que son cientos de kilómetros”.

Finalmente, Bruno explicó que “recortar las pensiones no contributivas de 200 mil pesos que fueron una conquista de derechos y que se visualizan en el Programa Federal Incluir Salud es una locura, es recortar la posibilidad de inclusión para todos aquellos que necesitan un transporte especial, una prótesis, un centro de día u otra terapia es lo único que te lo cubre y que ponen en situación desigual a aquellos que tienen una obra social privada o sindical”.