La empresa CRUSA culminó su contrato este martes sin que Vialidad Nacional esté preparada para asumir el mantenimiento. Ante tal incertidumbre, preocupa el futuro de los 500 trabajadores que quedarán despedidos sin indemnización
Este martes 9 de abril finaliza la concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) para el mantenimiento del puente Rosario-Victoria (ruta nacional 174), dejando el corredor vial en un vacío operativo. La Dirección Nacional de Vialidad, que debería asumir transitoriamente el mantenimiento hasta una nueva licitación, carece de recursos y personal para garantizar las tareas de conservación, según denuncia el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA).
El conflicto presenta una compleja situación con múltiples dimensiones. En primer lugar, se destaca una grave crisis laboral que afecta directamente a 500 empleados de la empresa CRUSA, quienes, ante el incumplimiento de pagos por parte del Gobierno nacional, se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo sin la correspondiente indemnización. Esta situación genera una gran incertidumbre y preocupación en el ámbito laboral local.
En segundo lugar, se suma la falta de claridad respecto al mantenimiento de la infraestructura vial. La conservación de las rutas se encuentra en un limbo, ya que Vialidad Nacional atraviesa recortes presupuestarios significativos e incluso se menciona la posibilidad de despido de 1.500 trabajadores. Esta incertidumbre plantea serias dudas sobre el estado futuro de las vías de comunicación y la seguridad de los usuarios.
Finalmente, en un acto de solidaridad con los trabajadores de CRUSA y ante la problemática general, los empleados de Corredores Viales han iniciado una medida de protesta gremial. Esta acción consiste en el levantamiento de las barreras de peaje en importantes rutas como la 34, la 8, la Autovía 19, y las autopistas que conectan Rosario con Buenos Aires y Córdoba, generando un impacto directo en el tránsito y la recaudación de peajes.
“Vialidad no tiene asfalto, ni aceite para los móviles. El gobierno actúa con desidia”, denunciaron desde SUTPA, señalando que la transición no está garantizada. La situación refleja un patrón de conflictos en la gestión de infraestructura vial, donde el fin de concesiones no viene acompañado de planes de contingencia adecuados.
