Las universidades públicas confirmaron un paro nacional para el 17 y 18 de marzo en reclamo de mejoras salariales y contra el ajuste económico. Denuncian desfinanciamiento, éxodo docente y el impacto de la inflación en los salarios

El Frente Sindical, que reúne a las principales casas de altos estudios del país, confirmó un paro de 48 horas para la próxima semana en protesta por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el “desfinanciamiento estructural” que afecta al sistema universitario. Los gremios rechazaron los aumentos salariales otorgados “de manera unilateral” por el gobierno nacional, que no alcanzaron a cubrir la inflación de enero y febrero.
En una entrevista con La Marca de la Almohada, Federico Gayoso, secretario general de COAD (Confederación de Asociaciones Docentes), expresó su preocupación por el escenario actual: “Venimos con un año que pinta peor que el anterior si no logramos que cambie algo. Vetada la ley de financiamiento universitario, que venía a traer algún tipo de solución a la situación que atravesamos, estamos sin Presupuesto y se reconduce el de 2023, lo que nos deja en un escenario de certeza de no poder funcionar como se debería”.
Gayoso también destacó el impacto de la inflación en los salarios: “Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la inflación fue un 70% más alta que el porcentaje de los aumentos salariales otorgados. No contento con eso, la propuesta del gobierno es seguir rebajando el sueldo, no convoca a paritarias, aumenta por decreto por debajo de la inflación, como sucedió en enero y febrero”.
El dirigente gremial advirtió sobre las consecuencias de esta política en la obra social y en la estabilidad del sistema universitario: “Esto impacta en la obra social, que se desfinancia a un ritmo peligroso, se quitan prestaciones, aumentan los pagos por cada estudio y consulta. Otro punto preocupante es el éxodo docente, que renuncia a la universidad y se redirecciona al sector privado. Lo que genera una crisis académica que debemos frenar”.
La medida de fuerza se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias, ya que el año 2025 comenzó con un presupuesto prorrogado, lo que anticipa un panorama conflictivo para el sistema universitario. Las universidades exigen una solución urgente para garantizar su funcionamiento y evitar un mayor deterioro de la educación pública en Argentina.
El paro nacional del 17 y 18 de marzo se presenta como una respuesta contundente frente a lo que los gremios consideran un “ajuste salvaje” que afecta no solo a los trabajadores universitarios, sino también a la calidad educativa y al futuro de las instituciones públicas de educación superior.