Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno habilitó un nuevo acuerdo con el FMI. Sergio Arelovich criticó la falta de transparencia y advirtió que los fondos se destinarían a la fuga de capitales y el pago de deudas

El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lo habilita a alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El texto, que no detalla el monto del préstamo ni la mayoría de las condiciones, establece que los fondos recibidos se utilizarán exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, del Banco Central y con el propio FMI.

Según el DNU, el acuerdo se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas, con un plazo de pago de intereses de hasta diez años y un período de gracia de cuatro años y seis meses. El decreto también aclara que el Gobierno no comprometerá su política de “déficit cero” y que los recursos se destinarán únicamente al pago de obligaciones financieras.

En los próximos diez días hábiles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá enviar el decreto al Congreso para que sea analizado por la Comisión Bicameral. Sin embargo, la medida ha generado críticas por su falta de transparencia y por eludir el debate legislativo. A diferencia de un proyecto de ley, que requiere la aprobación de ambas cámaras, el DNU solo necesita que una de ellas no lo rechace para mantenerse vigente.

Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, explicó en diálogo con La Marca de la Almohada que el objetivo del Gobierno es “aumentar las reservas en el corto plazo para soportar una eventual corrida cambiaria o la presión de los vencimientos de deuda”. Además, señaló que los fondos podrían utilizarse para “el levantamiento del cepo cambiario”.

Arelovich criticó que la deuda se destinará “para lo mismo de siempre: la fuga de capitales, el pago de promesas en el exterior, utilidades y la cancelación de operaciones financieras o comerciales del Banco Central”. El economista también destacó que el DNU carece de información clave, como el monto total del préstamo, lo que genera dudas sobre su legitimidad y transparencia.

“Lo más grave no es solo lo institucional, desde el punto de vista de que es un DNU y debería ser aprobado por ley en el Congreso, sino que no se dice absolutamente nada sobre el monto total del dinero recibido”, afirmó Arelovich.

Vencimientos y obligaciones con el FMI

Los datos sobre los vencimientos de deuda con el FMI revelan la magnitud del compromiso financiero que enfrenta Argentina. Entre 2025 y 2034, el país deberá pagar un total de 42.180 millones de dólares en principal y 14.650 millones en intereses, sumando un total de 56.830 millones de dólares.

Detalle de los vencimientos:

• 2025: USD 2.194 millones en intereses.
• 2026: USD 1.130 millones en principal y USD 2.927 millones en intereses.
• 2027: USD 4.407 millones en principal y USD 2.768 millones en intereses.
• 2028: USD 6.566 millones en principal y USD 2.373 millones en intereses.
• 2029: USD 7.030 millones en principal y USD 1.852 millones en intereses.
• 2030: USD 7.030 millones en principal y USD 1.324 millones en intereses.
• 2031: USD 7.030 millones en principal y USD 794 millones en intereses.
• 2032: USD 5.899 millones en principal y USD 321 millones en intereses.
• 2033: USD 2.622 millones en principal y USD 87 millones en intereses.
• 2034: USD 463 millones en principal y USD 6 millones en intereses.

El DEG (Derecho Especial de Giro), la moneda del FMI, agrega otra capa de complejidad. Cuando Estados Unidos devalúa su moneda respecto del resto de las divisas que componen la canasta del DEG, Argentina necesita más dólares para cumplir con sus obligaciones.

Arelovich advirtió que el préstamo podría incluir “letras intransferibles en dólares con vencimientos cercanos a los 10 mil millones de dólares”, aunque aclaró que no se conoce el monto total. Además, no descartó que parte de los fondos se utilice para “pagar el crecimiento del valor del dólar por encima de lo que plantea el FMI”.

La decisión del Gobierno de recurrir a un DNU en lugar de un proyecto de ley ha generado rechazo en diversos sectores, que consideran que la medida elude el debate democrático y la rendición de cuentas. “Este decreto goza de toda ilegalidad”, sostuvo Arelovich, quien también cuestionó la falta de información sobre el destino específico de los fondos.

El nuevo acuerdo con el FMI se enmarca en un contexto de ajuste económico y presión sobre las reservas del Banco Central. El Gobierno insiste en que los fondos se utilizarán para estabilizar la economía y cumplir con las obligaciones financieras, pero los críticos advierten que el préstamo podría profundizar la dependencia del país con el organismo internacional.