La diputada Mónica Frade amplió la denuncia contra Cristian Ritondo ante la UIF, señalando inconsistencias patrimoniales y posibles conflictos de intereses. Advirtió sobre el debilitamiento de los organismos de control y subrayó la importancia de garantizar la independencia judicial en un caso que vincula al legislador con presuntas irregularidades y maniobras empresariales cuestionables

La Coalición Cívica, encabezada por la diputada Mónica Frade, amplió una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) contra Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados. El reclamo se centra en presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a empresas e inmuebles que, según la legisladora, no fueron debidamente incluidas o declaradas en los informes oficiales.
Luego de que la diputada Mónica Frade ampliara la denuncia contra Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas inconsistencias patrimoniales, la legisladora de la Coalición Cívica expresó su preocupación por la falta de respuestas concretas del legislador y por la capacidad de los organismos para investigar este tipo de casos. En diálogo con La Marca de la Almohada, Frade destacó la importancia de garantizar que las instituciones judiciales puedan actuar sin interferencias políticas, pese a las dificultades que enfrentan en el contexto actual.
Frade aseguró que la denuncia busca esclarecer movimientos patrimoniales que no coinciden con las declaraciones juradas de Ritondo y su entorno. La diputada puso como ejemplo la sociedad “Rivadavia Sociedad Anónima”, vinculada al legislador, que registra bienes y vehículos de lujo aparentemente incompatibles con los ingresos declarados. “Lo que hacemos es pedir que se investigue. No puede haber enriquecimiento desmedido en la función pública”, afirmó.
La legisladora reconoció que el caso pone en evidencia el déficit de control sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y sugirió que el episodio debe servir como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Uno de los aspectos que más inquieta a Frade es el estado actual de la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de investigar operaciones sospechosas. Según la diputada, la UIF enfrenta un debilitamiento significativo bajo la gestión de Mariano Cúneo Libarona, lo que podría dificultar avances en este y otros casos similares.
“Hemos visto despidos masivos, reducción de presupuesto y maniobras de presión sobre investigaciones sensibles”, denunció Frade. “Esperamos que en este caso no ocurra lo mismo y que se garantice la independencia de los investigadores”.
El caso contra Ritondo incluye, además de las irregularidades patrimoniales, la posible existencia de vínculos con operaciones empresariales que podrían generar conflictos de interés. Frade recordó un proyecto de ley presentado por Ritondo en coautoría con Sergio Massa, cuando este último era oficialista, que proponía incentivos a la construcción. Según la diputada, esta iniciativa podría estar conectada con las empresas de Ritondo y su entorno. “Es necesario que se investigue si estos movimientos tienen relación con tráfico de influencias o lavado de dinero”, advirtió Frade.
Frade también destacó que el avance del caso dependerá de la capacidad de la justicia para actuar con independencia. Sin embargo, expresó dudas sobre la celeridad con la que podrían llevarse a cabo las investigaciones, dado el contexto político y la influencia que Ritondo podría ejercer. “Sabemos que hay vínculos políticos que podrían frenar el proceso, pero desde nuestro espacio hacemos lo que corresponde. La justicia tiene la obligación de actuar, más allá de las presiones”, enfatizó.
La diputada subrayó que su espacio político ha denunciado irregularidades de manera consistente, sin importar la filiación política de los involucrados. “Siempre hemos actuado de esta manera. Cuando algo está mal, lo denunciamos. No importa el nombre o el partido, lo importante es que la justicia investigue”, afirmó.
Frade destacó la necesidad de que estas denuncias sean tomadas con seriedad para combatir la corrupción en todos los niveles del Estado. “La función pública no puede ser un espacio para el enriquecimiento personal. Eso es algo que debemos erradicar”, concluyó.