Un informe del CEPA expuso un fuerte impacto en los jubilados tras el recorte de medicamentos en el PAMI, donde destaca también un aumento interanual promedio del 206,7% en los remedios más utilizados por las personas mayores durante la gestión de Javier Milei
El ajuste aplicado por el gobierno nacional golpea especialmente a los jubilados, quienes enfrentan una marcada suba en los precios de los medicamentos esenciales. Según el “Informe sobre los medicamentos más consumidos por las Personas Mayores en Argentina” elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA), los medicamentos que más utilizan los jubilados incrementaron su costo en un promedio del 206,7% interanual, alcanzando picos del 259% en los 10 productos con mayores subas.
Esta situación se agravó a partir del recorte en el programa de medicamentos gratuitos del PAMI anunciado en agosto, que excluyó 44 moléculas farmacológicas consideradas “no prioritarias”. Entre los fármacos eliminados se encuentran antibióticos, corticoides, antipsicóticos, antiparasitarios y analgésicos. Antes del ajuste, el programa había permitido un ahorro promedio de $63.800 para cada afiliado.
Los aumentos de precios reportados tras este recorte son alarmantes. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, las subas para los medicamentos excluidos del PAMI fueron del 24,4%, 9,7% y 4,3%, respectivamente. Según el CEPA, esto refleja “un ajuste significativo en el costo de estos medicamentos, afectando directamente el bolsillo de los jubilados”.
Entre los medicamentos con mayores aumentos destacan el Lanzopral (71,7%), Dermaglos (70,8%) y Acimed (66,7%), todos ellos fuera de la cobertura actual del PAMI. En términos interanuales, medicamentos como Trastocir, utilizado para trastornos vasculares periféricos, registraron un incremento del 292%, y el antibiótico Optamox Dúo subió un 282%.
El informe subraya que las reducciones en la cobertura del PAMI generaron una oferta un tercio menor de medicamentos en comparación con los niveles previos a la actual gestión. Esto se traduce en un “retroceso en derechos y calidad de vida”, según CEPA, dado que la falta de actualización de bonos que compensen la fórmula de movilidad jubilatoria agrava la situación.
