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Avanzan dos dictámenes sobre regulación de apuestas en línea y prevención de la ludopatía

El debate legislativo sobre la regulación de apuestas online y prevención de la ludopatía culminó con la presentación de dos dictámenes. El proyecto de mayoría se enfoca en restricciones de acceso y promoción de apuestas en línea, mientras que el dictamen de minoría plantea medidas específicas de prevención y autoexclusión

Después de un extenso debate durante el año, las comisiones legislativas acordaron dos dictámenes sobre la regulación de apuestas en línea y la prevención de la ludopatía. El dictamen de mayoría, firmado por 90 de 148 legisladores, y el de minoría, con 58 firmas, se destacan por sus enfoques en limitar el acceso a las apuestas y en regular las promociones de juegos de azar.

El dictamen de mayoría, apoyado por bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, propone prohibir el acceso de menores de 18 años a sitios de apuestas. Además, establece una serie de restricciones publicitarias para reducir la exposición al juego. Estas prohíben la promoción de apuestas y juegos de azar en medios digitales, redes sociales, y carteles en espacios públicos.

Entre sus artículos, este proyecto también propone eliminar los bonos de bienvenida en apuestas en línea y evitar patrocinios de marcas de apuestas en equipos o eventos deportivos. La prohibición se extiende a la colocación de carteles en recintos deportivos, festivales culturales o recitales musicales.

Un aspecto destacado del dictamen es la verificación biométrica de identidad para validar la edad y prevenir el acceso de menores a las plataformas. Los operadores de juegos deberán utilizar sistemas de identidad digital conectados con el RENAPER, utilizando tecnología de reconocimiento facial en sus aplicaciones y sitios web.

El dictamen de mayoría también requiere que las plataformas incluyan información visible sobre el riesgo de ludopatía y los mecanismos de autoexclusión disponibles. Este apartado busca que los operadores faciliten asistencia a personas con adicción al juego mediante enlaces visibles a recursos de ayuda en sus interfaces de usuario.

En su artículo 21, el proyecto de mayoría propone bloquear el acceso a plataformas de apuestas no autorizadas, mediante una orden judicial rápida que permita bloquear sitios web que no cuenten con el dominio “bet.ar” u otro autorizado. También se podrán suspender temporalmente plataformas que incumplan con las disposiciones establecidas en la ley.

Por otro lado, el dictamen de minoría, apoyado por el PRO, La Libertad Avanza y la UCR, también establece la prohibición de acceso a menores en sitios de apuestas en línea. Sin embargo, se diferencia en sus medidas de regulación, que incluyen restricciones más amplias a la publicidad y promociones, así como reglas específicas para evitar el fomento de la ludopatía a través de bonificaciones o recompensas por tiempo de juego.

El dictamen de minoría prohíbe programas de fidelización y bonificaciones relacionadas con el tiempo de juego continuo o con el dinero apostado, evitando recompensas por subir de nivel o acumular puntos en función de las apuestas. También prohíbe las “cajas de recompensas” que no especifiquen los porcentajes de premio.

Ambos dictámenes prohíben a accionistas, propietarios, directivos y empleados de plataformas de juego apostar en sus propias plataformas. También restringen las apuestas a deportistas, entrenadores y árbitros en competiciones en las que participen, así como a personas registradas en el Régimen Nacional de Autoexclusión (ReNA).

El documento de mayoría prevé sanciones de hasta cien mil unidades de valor adquisitivo (UVAs) y penas de prisión de tres a diez años para quienes operen plataformas sin autorización. Estas sanciones aumentarán cuando las infracciones incluyan participación de menores.

Por su parte, el dictamen de minoría impone multas que van desde diez hasta cincuenta salarios mínimos para quienes infrinjan las disposiciones que regulan la participación de menores y la publicidad de apuestas, tomando en cuenta la capacidad patrimonial de los infractores para graduar las sanciones.