Docentes nucleados en Amsafé iniciaron este jueves un paro en el departamento Rosario en protesta por la detención de cinco dirigentes gremiales, acusados de incidentes durante la votación de la reforma jubilatoria en la Legislatura provincial. La exlegisladora y miembro de la Justicia Federal, Matilde Bruera, calificó los arrestos como un “atropello sin precedentes en los últimos 40 años” y apuntó al gobernador como responsable de la persecución

Este jueves, docentes de Amsafé Rosario se movilizaron en rechazo a la detención de varios dirigentes gremiales, apresados tras los incidentes ocurridos en el ingreso a la Legislatura de Santa Fe durante la votación de la reforma jubilatoria. Los arrestos, que involucraron a cinco personas, fueron ordenados por la fiscal María Laura Urquiza, quien investiga la rotura de la puerta de la Legislatura el pasado 12 de septiembre. La respuesta gremial fue inmediata, con un paro que afectó a gran parte del departamento Rosario, y movilizaciones que se trasladaron hasta la capital provincial.

Matilde Bruera, exdiputada provincial y miembro de la Justicia Federal, habló en Radioactividad para condenar los procedimientos judiciales, calificándolos de “absolutamente arbitrarios”. Según Bruera, el allanamiento a los domicilios de los dirigentes no tiene precedentes en las últimas cuatro décadas. “Cuando la justicia quiere investigar algo vinculado a hechos gremiales o protestas, normalmente se cita a las personas implicadas y se realiza un procedimiento penal. Nunca antes sucedió algo tan violento, con órdenes de detención y allanamientos sin previa citación”, aseguró.

El paro docente se decidió de manera intempestiva el miércoles por la noche, luego de que Amsafé Rosario convocara a una desobligación para movilizarse hacia Plaza San Martín, en donde reclamaron frente a la sede de Gobernación la liberación de los detenidos. Este jueves por la mañana, colectivos llenos de docentes viajaron hacia Santa Fe para continuar con las protestas y exigir la libertad de los dirigentes gremiales.

Los incidentes que llevaron a las detenciones se remontan al pasado 12 de septiembre, cuando se discutía en la Legislatura santafesina la polémica reforma jubilatoria. La sesión fue tensa y, según la acusación de la fiscal Urquiza, algunos manifestantes rompieron una de las puertas del edificio en señal de protesta. Sin embargo, para Bruera, los arrestos de los dirigentes gremiales responden a una “orden política” y no a una investigación judicial genuina. “Este atropello es una clara orden del gobernador Maximiliano Pullaro al Ministerio Público de la Acusación. Es una vergüenza”, denunció la exlegisladora.

Bruera apuntó directamente a la forma en que se aprobó la reforma jubilatoria, señalando que el verdadero problema está en la falta de debate y el apresuramiento de las votaciones. “Esto surge de aquella sesión donde se aprobó la reforma sin poder debatir, votando por capítulos y sin permitir la palabra a los legisladores”, comentó. Según la exlegisladora, lo que realmente altera el funcionamiento de las instituciones no es la protesta en las calles, sino la manera en que se imponen leyes sin discusión.

El procedimiento judicial, que incluyó allanamientos violentos en Rosario y en la localidad de Teodelina, dejó destrozos en las casas de los dirigentes gremiales, según relató Bruera. “Fue todo muy violento, uno de los compañeros presos no fue encontrado en su domicilio, le rompieron todo y se presentó solo para averiguar qué pasaba”, describió. La exdiputada insistió en que, de haber existido una citación formal, las personas se habrían presentado voluntariamente ante la justicia, evitando la violencia innecesaria de los allanamientos.

En las primeras horas del jueves, los dirigentes gremiales detenidos fueron trasladados a Santa Fe, donde se espera que enfrenten una audiencia imputativa en las próximas horas. Mientras tanto, el conflicto gremial no se detiene. Bruera destacó que este tipo de represión afecta no solo a Amsafé, sino a una amplia variedad de gremios que también han sido blanco de estas medidas. “Este atropello de la justicia alcanza a representantes de diferentes gremios”, explicó.

La movilización docente en Rosario y Santa Fe también puso en el centro del debate la legitimidad de las protestas gremiales y la creciente criminalización de la protesta social. Para muchos, la represión de las manifestaciones por la reforma jubilatoria es un ejemplo de cómo el gobierno provincial intenta sofocar la disidencia. Bruera dejó claro que, en su opinión, el conflicto real está en la falta de diálogo político y en la imposición de reformas que no cuentan con el consenso social necesario.

Mientras tanto, la situación judicial de los dirigentes gremiales sigue siendo incierta. Las autoridades judiciales no han ofrecido explicaciones claras sobre los motivos detrás de la detención violenta de los líderes sindicales, lo que aumenta la tensión en el conflicto. “A nadie se le hubiera ocurrido no presentarse si lo citaban, pero este procedimiento tan violento fue absolutamente innecesario”, lamentó Bruera.

El caso generó un amplio rechazo por parte de distintas organizaciones sociales y políticas, que se suman a la crítica de los procedimientos judiciales utilizados. En Rosario, las movilizaciones no cesan, y los docentes continúan reclamando la liberación de sus compañeros mientras se prepara una nueva jornada de protestas.