Por Diego J. Gantus – Docente-investigador. Director del Centro de Investigaciones en Liderazgo y Gestión del Cambio (CILGeC)
FCPOLIT-UNR
Una vez más, la Educación Superior pública está bajo asedio. Una vez más, nos aprestamos a defenderla de un modo extraordinario. Intentamos hacerlo todos los días en aulas y laboratorios; trabajando con Municipios y Comunas, Organizaciones de la Sociedad Civil, o empresas privadas en la construcción conjunta de diagnósticos y soluciones; investigando, pero también estudiando (siempre estudiando).
Pero en ocasiones como esta, donde la tarea de años, e incluso décadas, pende de un hilo delgado, lo ordinario no alcanza. Docentes en formación, equipos de investigación consolidados, grupos extensionistas: todo pende de un hilo, que como bien sabemos, se cortará por lo más delgado si no hacemos algo al respecto.
Si el pueblo argentino, una vez más, no hace algo al respecto.
La cuestión universitaria y su eventual resolución tiene, en este contexto, pinta de presupuestaria; pero no lo es. Es de naturaleza eminentemente política. Y lo es, por dos razones. En primer lugar, porque expresa las prioridades de un gobierno, a quienes ellas benefician, y a quienes sólo les queda sufrirlas en primera persona, y en carne viva. En segundo, porque también expresa un modo de gestionar lo que no se conoce ni se aprecia. Esa Educación Superior pública que es motivo de orgullo de una mayoría consistente de connacionales, y de envidia sana de muchos países hermanos, es abordada sólo como un renglón del presupuesto. Un tema de la macro.
No quiero hacer ejercicio ilegal de la psicología, ni magnificar experiencias personales negativas del elenco gobernante con el Estado en general, y/o las Universidades en particular, y sus efectos potenciales sobre el manejo de la cosa pública. Sólo quiero señalar aquí que la lógica del almacenero no debería reemplazar la lógica de estadista que debería primar por estas horas sobre un tema vital en nuestro país. Para su futuro, si; pero también, para su presente continuo.
En efecto, los países que admiramos, o que solemos poner como ejemplos (en especial, cuando miramos la Educación) no han llegado a constituirse como referencias globales por preocuparse por crecer primero, para invertir luego en salud y educación. Como bien recordaba Bernardo Kliksberg en una conferencia en la Universidad Nacional del Nordeste en mayo de 2004, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, que encabezan rankings socialistas como los de la ONU, pero también los del Índice de Competitividad Global del Foro Mundial de Davos, transitaron el camino del desarrollo con inclusión y competitividad creciente en el sentido opuesto al que postula este Gobierno: pudieron lograrlo por invertir previa y fuertemente en educación y salud (y en política social en general). Los fineses, continúa Kliksberg, le dieron nuevo sentido al término socioeconomía: es una falacia creer que hay que hacer política económica de almaceneros para crecer, y política social para paliar sus efectos nocivos. Lo que hay que hacer, es integrarlas.
La cuestión universitaria es política. Seamos claros. ¿Pueden funcionar mejor las UUNN? Claro; y ellas mismas, conscientes de ello, han iniciado múltiples acciones desde inicios del siglo en esa dirección: formación universitaria de grado y posgrado para el personal no-docente (por acuerdo con la Federación Argentina de Trabajadoras/es de Universidades Nacionales, desde 2004); Planes de Mejora de la Calidad de la Gestión (la Universidad Nacional de Córdoba ha sido pionera, desde 2004 también, en la implementación de su Programa de Mejora Continua y Calidad en la Gestión, pero luego siguieron esa senda San Martín, La Plata, la Nacional del Sur, San Luis, Río Negro, y Cuyo, entre otras). Nuestra UNR, desde 2019, avanza en su Política de Calidad, con la implementación de su nuevo Sistema de Gestión de la Calidad.
¿Deben ser controladas las UUNN en el uso de los recursos públicos? Si, por supuesto; y de hecho, lo son. Se ciñen a lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, como todo el sector público. Y son auditadas en su cumplimiento; no sólo por ellas mismas, a través de sus auditorías internas: una mayoría lo es además por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Sindicatura General de la Nación; y todas ellas, sin excepción, lo son por el Congreso de la Nación, a través de la Auditoría General de la Nación.
La cuestión es política, y además, vital. Para nuestro país, y para cualquier otro. Gestionarla demanda, imaginación, creatividad, articulación de esfuerzos con las partes interesadas, pericia técnica, y mucha dosis de Política, con P (mayúscula). Este gobierno de transición, parido en la frustración y la bronca (emociones a las que busca potenciar cotidianamente), parece carecer, al menos hasta aquí, de todo aquello.
En otros dominios sus carencias y fallidos pueden pasar por virtud. No es este, el de la Educación Superior pública, uno en el que ello pueda ocurrir fácilmente. El Gobierno podría mirar hacia atrás (algo que el presidente pareciera hacer en exceso) y ver cómo le ha ido a quienes, en nuestro país, fueron por el renglón del presupuesto de las Universidades Nacionales. Aún está a tiempo, aunque no soy optimista al respecto.
Persistir en el error no sólo es de necios; puede comerse una paliza de antología, a manos del pueblo argentino que sigue viendo, en las UUNN, un bastión del país que pretende para sí y para las generaciones futuras. Y por ello, ve en las UUNN también un límite. Una vez más, la Educación Superior pública está bajo asedio. Una vez más, nos vemos en la plaza.
