La Dra. Melisa Argento, experta en soberanía alimentaria y agroecología, afirmó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) profundiza un sistema extractivo, privilegiando a los grandes inversores y perjudicando la soberanía nacional y el ambiente

En entrevista con La Marca de la Almohada, Melisa Argento, Doctora en Ciencias Sociales y Magister en Ciencia Política, expresó su firme oposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases en Argentina. Según Argento, este régimen constituyó “un robo increíble” que consolidó privilegios para los grandes inversionistas, similar a los que existen para la minería. En sus declaraciones subrayó una profunda preocupación por las implicaciones económicas, sociales y ambientales de esta legislación.

Argento sostuvo que el RIGI promovió una transformación macroeconómica que profundizó el sistema extractivo en Argentina. “Este régimen de incentivo fue un robo increíble de los grandes inversionistas, creando un privilegio que existía para la minería y ahora abarcó toda actividad,” afirmó. Según la experta, el régimen regula diferentes escalas de inversión y permitió un libre juego para los actores más poderosos, afectando negativamente la economía local.

“Todo derecho social, humano y ambiental pasó a ser entendido como costos,” denunció Argento, refiriéndose a cómo el RIGI priorizó términos cambiarios, tributarios, aduaneros y jurídicos para los grandes inversores. Esta perspectiva mercantilista, según la profesional, desplazó la consideración de derechos fundamentales en favor de beneficios económicos para las empresas extractivas.

“El gran problema del RIGI estableció una estabilidad fiscal durante 30 años, lo cual ató de manos a cualquier próximo gobierno,” explicó. Esta medida, en su opinión, atentó contra la soberanía de los pueblos al obligar a resolver cualquier inconveniente en organismos internacionales.

Argento también alertó sobre las prioridades establecidas por el RIGI en cuanto a recursos críticos como la energía y el agua. “Este régimen de estabilidad fiscal priorizó que los grandes inversionistas tuvieran estabilidad de suministros de energía y agua por sobre el abastecimiento de los pueblos,” dijo, señalando que esta situación está planteada dentro de la Ley de Hidrocarburos y que afectará las tarifas de servicios básicos.

El RIGI ofreció a las empresas grandes inversiones una serie de estímulos impositivos y cambiarios, garantizando beneficios como la exención de derechos de exportación durante los primeros tres años y de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. “Incentivos a las inversiones en Argentina existieron, pero en el caso de las mineras, dejaron un escaso margen de regalía a las provincias,” criticó Argento, cuestionando el régimen favorable para los explotadores de recursos y la vulneración de la autonomía provincial y municipal.

Al comparar con otros países, Argento destacó la falta de criterio en la agregación de valor y transferencia tecnológica en Argentina. “No hay ningún tipo de criterio de agregación de valor ni transferencia tecnológica,” observó, resaltando la ausencia de obligación de compra nacional, lo que atenta contra el desarrollo económico local.

En cuanto al ingreso de divisas, Argento enfatizó la falta de control sobre el origen de los fondos. Este punto resulta crucial para evaluar la transparencia y la seguridad financiera de las inversiones.

El proyecto RIGI, según Argento, no solo genera beneficios económicos desproporcionados, sino que también tuvo un impacto significativo sobre el ambiente y la biodiversidad. La propuesta superó los beneficios otorgados por el Régimen de Inversión Minera sancionado en 1993, cuyo aporte a la generación de cadenas de valor fue escaso. Además, el RIGI debilita los requerimientos de estudios de impacto ambiental (EIA), lo que podría llevar a mayores desafíos ambientales y legales en el futuro.