Abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) explicó los cuestionamientos por ilegales a los procedimientos mediante los cuales se detuvo a personas que se manifestaron el 12 de junio frente al Congreso
En un documento de 12 páginas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) cuestionó por ilegales los procedimientos mediante los cuales se detuvo a personas que se manifestaron el 12 de junio contra la aprobación de las leyes (Bases y paquete fiscal) que trataba el Senado. Solicitó a la jueza que interviene en la causa, María Servini, que revise las acusación formuladas contra las personas privadas de su libertad y el pedido de prisión preventiva del fiscal Carlos Stornelli.
La magistrada, finalmente, decidió la liberación de 28 de los 33 apresados en esa jornada.
Bárbara Juárez, abogada del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Cels, recordó que Stornelli “acusó a las personas de terroristas basándose en dos notas de medios periodísticos y en lo que publicó la oficina del presidente en la red social X”. En base a esa sola carga probatoria, pidió calificaciones extremas como intimidación pública, incendios, incitación a la violencia colectiva y otras varias figuras del Código Penal que finalmente quedaron desestimadas.
En diálogo con el programa La Marca de la Almohada, Juárez explicó cuál fue la decisión de Servini y qué implica para la continuidad de la causa.
Lo que la jueza dice en su resolución es que no hay pruebas suficientes para mantener a esas personas la prisión preventiva y las imputaciones que el fiscal Stornelli había pedido”, señaló la abogada del Cels.
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Lo anterior, siguió, confirma que las detenciones fueron arbitrarias. La jueza agrega que necesita más tiempo para revisar la prueba, porque no puede en esta instancia dictar un procesamiento o un sobreseimiento de las 28 personas que fueron dejadas en libertad. Porque el relato policial y los descargos de los detenidos son contradictorias.
Sobre las cinco personas que permanecen privadas de la libertad hay otros elementos de prueba que podrían comprometerlas, pero ninguno vinculado a hechos graves como el incendio del móvil de Cadena 3. Aún así, recalcó Juárez, al no estar acreditados riesgos de entorpecimiento de la investigación o de fuga, deberían atravesar el proceso en libertad.
Quién inició la violencia
“Los actos de violencia comenzaron con el accionar policial”, afirmó la abogada. Eso, alrededor del mediodía. Y, agregó, hubo provocacio0nes de las fuerzas de seguridad como por ejemplo el lanzamiento de gas pimienta a un grupo de diputados. Se trata de hechos que hicieron escalar el clima de tensión. Eso, junto con un uso desproporcionado de la fuerza, Y culminó con la detención de las 33 personas que, en su casi totalidad, estaban alejadas de los lugares más tensos y nada indica que hayan participado de hechos violentos.
