Investigadora del Conicet en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) e integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) puso de relieve la singularidad del paquete de facilidades que propone el Gobierno y la contradicción con su paradigma de libre mercado, porque con el mismo el Estado interviene beneficiando a un grupo de inversiones y auto excluyéndose de cualquier injerencia en el rumbo estratégico de la producción
Doctora en Ciencias Sociales, magister en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política, Luciana Ghiotto marcó la singularidad de la propuesta oficial que se debate en el Senado como parte medular de la segunda versión de la llamada ley Bases.
“El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y las modificaciones en el régimen laboral son el corazón de lo que hoy se discute” en la Cámara alta, señaló la investigadora en diálogo con el programa ABC.
La centralidad del RIGI, dijo, es porque introduce un punto de seguridad jurídica muy avanzado para los capitales tanto nacionales como extranjeros que acerquen grandes inversiones, pero representa un grave problema por la cantidad de prerrogativas jurídicas y su relevancia, que se traduce en una discriminación al resto.
Es una contradicción con el paradigma de libre mercado y competencia perfecta que esgrime el presidente Javier Milei, siguió Ghiotto, porque el Estado está en ese caso regulando a favor de grandes inversiones en perjuicio de capitales con menos volumen o poder. Es, remarcó, novedoso en el mundo y nunca se vio en la Argentina el mismo nivel de prerrogativas.
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Para sintetizar la descripción, resumió que se trata de “un mecanismo jurídico gigantesco de seguridad jurídica para el gran capital” cuyo único objetivo es otorgarle seguridad jurídica, cambiaria, tributaria y aduanera a las grandes inversiones y lo anterior en cualquier sector de la economía. Eso último, destacó, es una diferencia con el proyecto presentado apenas asumido el Gobierno libertario. En esa primera versión, recordó, los beneficios estaban circunscriptos a seis o siete áreas, como las extractivas de minería e hidrocarburos, el agronegocio y las nuevas tecnologías.
El nuevo texto le otorga a cualquier inversor con 200 millones de dólares una absoluta libertad, en cualquier ámbito económico, para llevarse las ganancias a su casa matriz en el extranjero. Y ningún condicionamiento respecto a la contratación de mano de obra local. Tampoco se le impone utilización de maquinaria, insumos ni compras en las cadenas de valor local o regional (Mercosur).
A lo anterior se le suma un inédito plazo de hasta 40 años bajo las mismas condiciones, para las inversiones que se consideren estratégicas. Para el resto, un lapso igualmente concesivo de 30 años. Una última prerrogativa, completó Ghiotto, es la habilitación para que, en caso de controversia, los inversores puedan demandar al Estado en los tribunales internacionales como el Ciadi, que está bajo la órbita del Banco Mundial. Y esto también vale para los capitales nacionales.
El combo es algo “nunca visto y hasta inconstitucional”, enfatizó la investigadora el riego. Porque implica la pérdida de cualquier tipo de incidencia del Estado en planes estratégicos u objetivos de desarrollo o crecimiento hacia determinado horizonte. El RIGI ata al Estado nacional, sintetizó. Por ejemplo, para el sistema del litio y en contraste con países como Chile, que con el Gobierno de Gabriel Boric, que no es precisamente revolucionario, sostienen una perspectiva “nacionalista” sobre los recursos mineros que esgrimió hasta la dictadura de Augusto Pinochet. El país vecino, como otros, fija para las inversiones a futuro la exigencia de una participación local en la cadena de agregado de valor. Lo mismo hace Indonesia. Se trata de una negociación del Sur global con el norte que necesita esos recursos para la transición energética de la cual la Argentina, con este régimen, se autoexcluye.
