Franco Bartolacci, rector de la UNR, prefirió la cautela sobre lo que comunicó este martes el portavoz presidencia Manuel Adorni. Si se concreta, admitió, es un paso adelante pero que no resuelve todos los temas pendientes sobre el financiamiento y el funcionamiento de la educación superior. Permitirá, en ese caso, llegar a fin de año y comenzar a abordar con las autoridades nacionales otros aspectos
“Hay que ver si se concreta el anuncio”, aclaró Bartolacci en diálogo con el programa Apuntes y Resumen poco después de que Adorni anunciara una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento para todas las universidades, el mismo porcentaje acordado con la UBA que generó rechazo unánime del resto de las casas de estudios superiores.
Si se concreta el adelanto, admitió el rector de la UNR, es un paso adelante que sin embargo no resuelve los problemas pendientes. Si, aclaró, da el oxígeno para llegar a fin de año sin resignaciones importantes de las actividades universitarias.
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Es, además, siguió Bartolacci, un reconocimiento por parte del Gobierno de que los reclamos de los rectores en todo el país son fundados. Y una corrección de la decisión de absoluta discrecionalidad que consistió en un acuerdo aislado con la Universidad de Buenos Aires (UBA), a partir de lo cual el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integran todos los rectores, elevó un contundente rechazo y comenzó a exigir un trato igualitario.
Eso derivó en el anuncio de este martes, repasó el rector de la UNR, que esperan se materialice a principios de la semana próxima para así continuar debatiendo con las autoridades nacionales el resto de los temas pendientes.
Sobre cómo se llegó al nuevo escenario, Bartolacci señaló que hubo varios hitos que lo permitieron. El más significativo, marcó, fue la marcha universitaria del 23 de abril. Demostró, una vez más, que las sociedades suelen ser más inteligentes que sus dirigencias.
Fue una inédita expresión del conjunto social exigiendo cuidar la educación pública. Y hubo luego, completó, otras acciones tras el acto discriminatorio en perjuicio de 60 universidades de todo el país que representan el 85% de la matrícula universitaria argentina, que suma dos millones de alumnos de estudios superiores.
En ese sentido, dijo, fue importante la expresión de legisladores nacionales y de gobernadores como el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su caso en defensa de las universidades de Rosario, del Litoral y de Rafaela, que son las asentadas en el territorio de la bota
