Por Leonardo Caruana
Médico sanitarista – Concejal – Ex Secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario
El aumento de casos de dengue en Argentina y en el mundo nos exige abordar el problema no solo desde los servicios de la salud, sino a través de políticas públicas integrales que involucren e impacten en toda la comunidad
El dengue, es una enfermedad ya conocida y en la que predominan las formas leves pero en los últimos tiempos viene reclamando la atención mundial de manera creciente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que factores como el cambio climático, la globalización y los problemas derivados de la urbanización acelerada -y no planificada- contribuyen a convertir al dengue en una epidemia global. Esta preocupación se intensifica en territorios empobrecidos, donde las condiciones precarias de vida facilitan la propagación del virus.
Así es como en Argentina, donde el dengue no es una novedad, la magnitud de los brotes epidémicos y su impacto en la salud pública exigen tomar medidas más enérgicas y coordinadas. Esto es más preocupante en áreas donde las condiciones socioeconómicas y ambientales predisponen a la proliferación del mosquito transmisor.
En la ciudad de Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe, las colas demandando atención, la cantidad de casos publicados, el número de fallecidos en esta temporada y los rankings que comparan territorios, dan cuenta de la magnitud del problema. Para Argentina, como en toda América Latina, el problema se agravó, no sólo en el número de casos sino también en la gravedad de estos. Año tras año se observa un significativo cambio de temporalidad entre brotes y actualmente tiene un comportamiento endemo-epidémico que muestra un avance sostenido de su territorialidad llegando hasta provincias como La Pampa.
Por su condición de problema sociosanitario, este desafío no puede abordarse dentro de los márgenes del “sector salud”. El control del mosquito y la erradicación de la enfermedad requieren acciones que trascienden al sector salud, es decir, políticas públicas integrales.
A diferencia del COVID-19, hay consensos en términos de diagnóstico, tratamiento y control del vector. No hay grandes dudas ni disensos técnicos con respecto a la tecnología y los insumos para prevención y monitoreo. Se dispone de larvicidas, insecticidas, repelentes, reactivos de laboratorio. Ya hay vacunas que evitan las formas graves de la enfermedad cuya efectividad y seguridad ha sido validada por estudios en los distintos países que ya la tienen en uso. Por lo tanto, la clave está en la decisión política de implementar estas medidas, asignar recursos, trabajo articulado y una política de comunicación responsable frente a la comunidad sobre los cuidados a tener en cuenta para prevenir la reproducción del vector y los contagios.
Aun así, sabemos que el dengue se cobrará más vidas en la medida en que continúen las infecciones, es por eso que las muertes evitables -independientemente del número- nos señalan el fracaso de la política, aunque parecería que eso no alarma lo suficiente a las autoridades gubernamentales, por lo menos nacionales. Destacamos los esfuerzos locales en la distribución de repelentes y lo realizado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe para aumentar la producción. Demuestran la importancia de la presencia estatal en la garantía del acceso a insumos para aquellos que más lo necesitan, si bien aún no son suficientes y la venta se ha desregulado.
Asimismo, en nuestro territorio, el acceso equitativo a las vacunas disponibles en el mercado, sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras que otros países implementan campañas de vacunación masiva, en nuestro país -con excepción de algunas provincias que tomaron iniciativas propias-, a pesar de su aprobación para la venta y que su uso está avalado por referencias sanitarias prestigiosas, sigue el debate sobre la inclusión de la vacuna en el calendario oficial. De este modo, grandes sectores de la población quedan desprotegidos por no tener capacidad de compra. Mientras tanto, la política nacional, leída a través de los discursos, los actos y omisiones de los funcionarios, ostenta con orgullo estar avanzando en la destrucción del actual sistema de salud argentino. El ideal del Gobierno de Milei publicita un sistema de salud de corte liberal extremo, casi totalmente privatizado, que sigue el ejemplo de EEUU. Esa perspectiva también se evidencia en cada línea de acción del conjunto de políticas sociales nacionales como educativas, culturales, de desarrollo de ciencia y tecnología y tantas otras a las que entienden como “residuales” aludiendo a una participación estatal mínima, cuyo mejor ejemplo se encuentra en EEUU.
Para legitimarse y sostener el relato ficcional y perverso que tuvo utilidad en la campaña, este modelo necesita borrar lo mejor de la historia de la salud pública argentina. Por eso es un deber aportar claridad y memoria a la cuestión. Junto al desfinanciamiento del sistema de salud pública, encontramos argumentos técnicos poco válidos o infundados que se asemejan más bien a comentarios “de entrecasa” como las habituales y lamentables declaraciones de varios ministros de la Nación. Se trata de discursos difundidos por autoridades que contribuyen a generar desconfianza y confusión en la población. En este sentido, urge luchar contra la liviandad y la displicencia y confrontar la crueldad de parte de quienes gobiernan el país. En ese escenario, no hay lugar para posiciones poco claras, ambiguas o dubitativas de parte de quienes tienen bajo su responsabilidad la salud colectiva y el bienestar de la población.
Frente a un gobierno nacional que descree de políticas públicas para resolver las problemáticas de salud, la pregunta es: ¿es posible una salida desde los gobiernos locales? Yo creo que sí, ya lo hemos hecho en otros momentos difíciles en los que imaginamos y construimos soluciones “a la rosarina”, poniendo el eje en la participación y movilización ciudadana. Hemos visto cómo la comunidad local impulsó cambios significativos en la política de salud, no sólo local, sino alcanzando la esfera provincial y hasta nacional, en algunos casos.
Así nos lo indica la historia rebelde de nuestra ciudad. Fue su fuerza colectiva la que enfrentó epidemias, crisis profundas y logró canalizar grandes proyectos y transformaciones para Rosario, que luego la llevaron más allá de sus límites. Como cuando Hermes Binner como intendente viajó a Cuba para conseguir una vacuna contra la meningitis para nuestros niños, haciendo frente a todas las críticas sólo porque se fabricaba en Cuba. O como hace 150 años cuando la fiebre amarilla azotaba al país, Rosario tomó sus propias medidas de sanidad que cambiaron el curso de la epidemia, con decisiones controvertidas como cerrar el puerto. Más recientemente vimos como la fuerza y convicción de nuestros equipos de salud desafiaron las propuestas de centralización y concertación para vacunar contra el COVID 19 y en Rosario se impuso la descentralización, acercando la vacuna a cada vecino y vecina en su barrio.
¿Será posible activar esa fuerza latente que siempre aparece cuando se trata de enfrentar lo injusto o procurar lo necesario para la población? Hacerlo “a la rosarina” no es otra cosa que honrar los legados de aquellos que en Rosario, cada vez que la salud de la comunidad estuvo en juego, supieron correr el límite de lo posible. La magnitud de esta epidemia de dengue, en contexto de crisis económica, cambio climático y profundización de la pobreza y la indigencia, nos exige tomar decisiones políticas para volver a correrlos.
