El cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar generó controversia y preocupación entre los sectores agrícolas y rurales del país. Estos organismos, establecidos en respuesta a las necesidades de las familias productoras, representaban un pilar fundamental en el apoyo y desarrollo de la agricultura familiar en Argentina
En un anuncio realizado este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Ministerio de Economía decidió eliminar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Esta decisión se fundamenta en una “profunda revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores”, según declaraciones oficiales. Con esta medida, se prevé la pérdida de empleo para 900 trabajadores y un ahorro estimado en 9000 millones de pesos para el Estado.
Sin embargo, la eliminación de estos organismos representa la demolición de una política de Estado establecida entre 2006 y 2008. Inicialmente concebida como la Secretaría de Agricultura Familiar, esta política se creó con el propósito de abordar las necesidades de más de 200 mil familias que dependen de la agricultura familiar en condiciones habitualmente precarias. Estas familias, distribuidas en zonas geográficamente dispersas y con limitado acceso a recursos básicos, encontraron en el Estado un apoyo vital para acceder a herramientas, técnicas de cultivo modernas y otras formas de asistencia.
Delicia Zenteno, referente provincial de la Unión de Trabajadores de la Tierra, compartió su perspectiva sobre la eliminación de este instituto en una entrevista con La Marca de la Almohada. Zenteno destacó la importancia de estos organismos para los pequeños productores, quienes enfrentan numerosos desafíos, incluyendo la falta de acceso a la tierra y a recursos básicos, así como los costos elevados de producción y la constante lucha contra las inclemencias del clima.
“Había un acompañamiento muy grande de estos organismos para las familias productoras rurales a través de asistencia con profesionales que acompañaban nuestro trabajo”, señaló Zenteno.
Zenteno también resaltó el impacto económico y social de la decisión gubernamental: “Estamos perdiendo recursos y lo permitimos nosotros. Estamos desmoralizados, ¿cómo acercarnos a las compañeras y compañeros a decirles que sí se puede con estas cosas que se conocen? Todavía hay mucho acompañamiento de la sociedad al gobierno de Javier Milei”.
La líder agrícola subrayó la realidad de los pequeños productores, destacando los desafíos financieros y operativos que enfrentan: “El sector sufre de tener que pagar insumos en dólares cuando la producción se vende en pesos, dónde los costos entre semillas, alquiler, combustible son altísimos y se suma el clima como otro factor con el cual los productores debemos luchar día a día. Dos o tres veces al año es un volver a empezar y no abandonar, porque te desmoraliza y terminas buscando otra salida”.
