La medida fue tomada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ante la “crítica” situación que viven las casas de estudio por las políticas de ajuste y recortes implementadas por el gobierno de Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Horas antes la funcionaria anunció un aumento del 70% en el presupuesto del sector, pero sólo para afrontar gastos de funcionamiento y servicios como luz, agua y gas.

Estudiantes, docentes y referentes del Frente Sindical de las Universidades Nacionales advirtieron sobre la “crítica” situación que se vive en estas instituciones públicas del país debido a las políticas de ajuste y recorte presupuestario implementadas por el gobierno nacional, que impactan no solo en salarios docentes y no docentes –uno de los principales reclamos del paro de este jueves-, sino también en gastos de funcionamiento, que desde los rectorados estiman poder cubrir hasta mayo, y en la disminución de becas para comedores y apuntes para las y los estudiantes, en un contexto de subas de precios en alimentos, alquileres, transporte y servicios.

“El paro es total en todas las universidades del país y fue decidido por la totalidad de las federaciones docentes y no docentes que reúnen a todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales”, sostuvo en diálogo con Somos Télam Federico Montero, secretario de Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que integra el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, junto con Fedun, Fagdut, UDA, Ctera, Fatun y Conadu histórica, y cuentan con el respaldo de la CGT, la CTA y la CTA Autónoma.

El frente gremial anunció el estado de alerta y el paro nacional a principios de esta semana como respuesta a los recortes presupuestarios a las universidades del gobierno nacional, que implica el “congelamiento” de los presupuestos y que las universidades nacionales “no podrán funcionar más allá de mitad de año”.

La noche del miércoles, a pocas horas del comienzo de la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello emitió un comunicado informando un aumento del 70% de presupuesto para gastos de funcionamiento de las Universidades. “La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el fin de afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento”, se indicó. Pero nada dicen sobre el aumento salarial que los docentes y no docentes vienen reclamando ante la pérdida del poder adquisitivo derivado de la alta inflación ni de los fondos necesarios para las áreas de desarrollo científico y tecnológico entre otros.

“Hay una política general de asfixia, desfinanciamiento a las universidades, afectar al salario, a los estudiantes, al funcionamiento de las universidades en su conjunto. En este marco no nos queda otra que la convocatoria a este paro”, apuntó Montero, quien es también profesor de Política Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires; y de Estado, Sociedad y Universidad en la Universidad Nacional de Avellaneda.

En total son 170 mil docentes y 45 mil no docentes repartidos en 57 universidades nacionales que adhieren a la medida de fuerza ante el “desplante” del gobierno nacional durante “la única reunión paritaria” que hubo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en la que se les ofreció “de manera unilateral y arbitraria” un 6% frente a “una inflación acumulada del 50%, precisó.

“La universidad tiene un valor para el conjunto de la sociedad y por eso la sostiene el Estado, no es que la sostiene para que no se pague, sino que no se paga producto de una inversión pública, una lógica colectiva, que explica el funcionamiento de la universidad argentina a lo largo de su historia, y es lo que viene Milei a combatir”, subrayó Montero.

En cuanto al inicio de las clases, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, dijo que “en principio no peligra porque hasta abril o mayo nosotros tenemos fondos, y no vamos a dejar de dar clase”. Sin embargo, advirtió que “lo que puede pasar es que, si no refuerzan el presupuesto, directamente el Gobierno cierre de hecho la universidad porque no dan los fondos para que pueda funcionar”.

Y explicó: “La situación en cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, en particular de la UBA y de nuestra facultad, es que están congelados al 2023. Eso implica que, con una inflación que ha superado el 200% en el año, en valor real hoy tenemos disponibles menos de un tercio de lo que era el año pasado, que tampoco estábamos en un mundo ideal”.

Por su parte, la economista, docente e investigadora del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Silvina Romano, resaltó a Somos Télam que la situación presupuestaria actual “atenta contra la posibilidad” de llevar adelante el trabajo docente y enfatizó en la dificultad de “planificar nuevas comisiones o propuestas formativas”.

“En un territorio como el de la provincia de Tierra del Fuego la universidad abre oportunidades a muchos estudiantes que hoy se ponen en riesgo. El temor se vincula a que se implementen indicadores o métodos de evaluación reduccionistas, y que no se comprenda el rol transformador de las universidades en los territorios”, concluyó.

La comunidad educativa universitaria continuará con el plan de lucha en las próximas semanas luego de que inicien las clases en el país y prevén realizar clases públicas para visibilizar el reclamo. Asimismo, participarán activamente de la marcha del 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.