La titular de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que el gobierno nacional no ha convocado al gremio a reuniones paritarias y que eso se suma a la negativa de enviar a las provincias el dinero correspondiente al Fondo de Incentivo Docente, la asistencia para comedores escolares y el Fondo Compensador, todo lo que está regido por leyes y contemplado en el presupuesto 2023 con cuya prórroga está gobernando Javier Milei

“Con el panorama que tenemos hoy podemos afirmar que el inicio de clases no está garantizado para el 26 de febrero y no lo estará en tanto el gobierno nacional no llame a una paritaria nacional”, afirmó Sonia Alesso, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en diálogo con la Marca de la Almohada. Y agregó que en el gremio que lidera “sólo tenemos el rumor que nos llegó a través de una noticia publicada por el diario La Nación de que podrían convocarnos a una reunión paritaria, pero hasta este momento nadie nos convocó. Ojalá lo hagan, ojalá paguen lo que no pagaron, ojalá envíen fondos a las provincias para hacer frente a las paritarias que a cinco días hábiles de que empiecen las clases los gobernadores no pudieron abrir porque no saben si van a recibir el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el dinero del Plan Hora 25 (extensión horaria) y los fondos para los comedores escolares. Por lo cual el escenario que nosotros observamos es que los maestros en vez de ganar más ganaremos menos el próximo mes y eso es la antesala de un conflicto”.

La dirigente docente rosarina explicó el por qué de la necesidad de una paritaria nacional: “Lo que fija esa paritaria es el piso del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad en todo el país, es una paritaria de rama donde se fija el piso mínimo por debajo del cual no puede estar ningún docente en ningún lugar del país”. Y agregó que en ese marco eso hay dos leyes que rigen el sistema: “una que fue producto de la Carpa Blanca que ustedes recordarán fue una lucha que se llevó adelante en la época del gobierno de Carlos Menem (entre 1997 y 1999 cuando se instaló una carpa frente al Congreso de la Nación ) cuando se transfirieron las escuelas de la Nación a las provincias y se pretendió hacerlo sin financiamiento. Esa lucha permitió que se dé forma de ley al FONID, por el cual la Nación ayuda a las provincias en el mantenimiento del sistema educativo. Y a eso se sumó el Fondo Compensador impuesto por ley en el año 2006, que son fondos que ayudan a las provincias más pobres para que un maestro de Neuquén, por ejemplo, como pasaba en los 90, no gane cinco veces lo que ganaba un maestro de provincias más pobres como Formosa o Chaco”.

En ese marco Alesso dijo que “los dos fondos están establecidos por leyes y el Gobierno no los puede ignorar, a tal punto que están en el presupuesto nacional. Y si este gobierno está funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023 debe ejecutar esos fondos y enviarlos a las provincias inmediatamente”. Ante la falta de esa transferencia la titular de CTERA explicó que “las provincias, sin embargo, tuvieron que hacer frente a esos fondos con dineros propios y ahora se topan con que el vocero presidencial les dice que no se los va a mandar porque no corresponde. Me parece que hay una mezcla de desconocimiento del tema con decisión de ajustar”.

Con respecto al FONID, Alesso dijo que CTERA envío de cartas documentos al ministro de Economía, Luis Caputto; a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y de esa manera iniciamos las acciones judiciales correspondientes. Entiendo además que algunas provincias también lo hicieron porque al haber una ley que obliga al pago de ese Fondo estamos habilitados al reclamo judicial en tanto son fondos que no se pueden retirar porque sí y de hacerlo están incumpliendo los deberes de funcionarios públicos”.

Al ser consultada sobre sus expectativas en cuanto a la paritaria docente nacional, Alesso dijo que “lo que nosotros planteamos en contextos de alta inflación, es una paritaria que nos permita recuperar lo que perdimos por esa inflación en los últimos meses y que sean acuerdos cortos, de dos o tres meses, para poder ir monitoreando el poder adquisitivo de esos salarios”. En ese marco recordó que “al asumir el gobierno nos reunimos con el secretario de Educación y en ningún momento nos dijo que nos iba a convocar a paritarias o aumentar los salarios. Sí supimos que hubo un giro de la Secretaría de Educación para que se haga frente al FONID y que fue el ministro de Economía, después del rechazo de la Ley Ómnibus el que tomó la decisión de no girarlo a las provincias. Lo mismo que pasó con el fondo para subsidiar el transporte. A mí me parece que el Gobierno no entiende que de esa manera no perjudica a los gobernadores sino a los trabajadores en general y lo mismo pasa con las escuelas y con los maestros porque esos fondos son intangibles, no pueden ser usados para otra cosa que ir a los bolsillos de los docentes”.

La otra cuestión que me llama a la reflexión, dijo Alesso, “es que este gobierno cree que las Universidades, la salud, las escuelas, la ciencia y el transporte son un gasto. Esto es totalmente ilegal. Sarmiento estaría enloquecido con esto, porque los liberales siempre han apoyado la educación pública, incluso con una gran inversión en el sector porque eso significa la garantía de igualdad en la Argentina”. Y agregó: “creo que quienes nos gobiernan no son liberales y que su objetivo es llevar adelante un gran ajuste que sólo se sostendrá reprimiendo a la gente en la calle y es por eso que el DNU sigue activo y no se debate, porque hubo un gran paro nacional, grandes movilizaciones populares en los cuales la gente dijo que no está de acuerdo con este modelo de ajuste cuyo único fin es pagarle al FMI y dolarizar la economía”.

Finalmente, Alesso dijo que el pasado viernes “la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por CTERA  en defensa del derecho a la protesta que querían impedir con la Ley Ómnibus y el DNU. La propia Justicia dijo que el derecho a la protesta no puede ser prohibido y además que la educación no es un servicio esencial y que es ilegal cubrir ese 25% de asistencia que pretende el gobierno ante una medida de fuerza”.

El próximo 22 de febrero se reunirá el congreso de CTERA y “allí debatiremos lo que traigan los delegados desde cada una de las provincias, algunas de las cuales que ya tienen abiertas las discusiones paritarias y otras en las cuales ni los maestros fueron convocados. En ese congreso se definirán los pasos a seguir pero creo que el conflicto está a la vuelta de la esquina”.