El diputado nacional Eduardo Toniolli adjudicó la decisión comunicada por el Ministerio de Economía a la lógica de los gobiernos liberales de retirar al Estado de sus responsabilidades sociales y además consideró que es un instrumento para el un objetivo confeso del presidente Javier Milei: ir a una recesión. Representante de los prestadores del servicio aseguró que la medida fue adelantada por autoridades de Transporte, que pusieron sobre aviso a gobernadores e intendentes y que estos pensaron que no se iba a efectivizar

“El transporte público en todo el mundo funciona a base de aportes estatales”, puso en contexto Toniolli sobre la decisión conocida este jueves por medio de un comunicado del Ministerio de Economía y ratificada por el vocero presidencial Manuel Adorni bajo el argumento de equidad de reparto de subsidios y atención a un pacto fiscal de 2017.

Para el legislador por Santa Fe, no hay forma, por los valores de sostenimiento del transpote público, de que puedan solventarse los costos operativos sólo con el precio del pasaje, porque en ese caso sería impagable. Sólo hay unas pocas experiencias a nivel global de eso, pero es en transporte turístico.

Sobre la medida, Toniolli la remitió a una constante en los gobiernos liberales: el intento de retacear la responsabilidad del Estado en el sostenimiento parcial de los sistemas de movilidad pública.

El aporte estatal, señaló el diputado, es una suerte de “salario indirecto” para los trabajadores, en particular para los informales que son los que màs utilizan el transporte público. Pero, agregó, promover el transporte público mediante la asistencia estatal en detrimento del particular tiene una dimensión ambiental y se apoya en criterios de movilidad sustentable: no colapsar el tráfico en las grandes urbes como Rosario, que ya está complicada en ese aspecto.

Sobre el imapcto, Toniolli recordó que el año pasado, el transporte público de Rosario se sostuvo en un 50% de sus costos con subsidios de Municipio, Provincia y Nación, casi en partes iguales. Y que el 15% fue aportado por Nación a través del Fondo Compensador ahora desactivado, a lo que se agregó un 3,3% correspondiente al subsidio del 55% del boleto a ciertos sectores sociales que finanacia el sistema Sube. Esta parte, de acuerdo a los dichos oficiales, se mantendría.

El legislador calificó de poco creíble el argumento oficial de que, en la lógica de subsidiar la demanda en lugar de la oferta (al usuario en vez de a las empresas de transporte), el 15% del Fondo Compensador se destine a ampliar los beneficios de la Sube. Y entonces, completó, lo que retira el Ejecutivo nacional lo tiene que poner el de la provincia, el de la municipalidad o el usuario. Y lo más probable, auguró, es que sea el último.

¿Venganza o plan?

Sobre la hipótesis de la quita de subsidios como represalia a los gobernadores por la supuesta “traición” al oficialismo por las disidencias con aspectos de la llamada ley ómnibus, finalmente caída en Diputados más por impericia y caos de los negociadores del Ejecutivo de Javier Milei que por férreo rechazo de los otros bloques, Toniolli le bajó el tono: “Lo iban a hacer igual, aunque encontraron la excusa perfecta en la caída del proyecto de ley Bases”.

El diputado, por el contrario, opinó que la decisión sintoniza con el programa de gobierno del presidente Milei, que incluye como objetivo la recesión. Cuando se cae el transorte público, explicó Toniolli remitiendo a las experiencias de 2000/2001 y de 2015 a 2017, lo primero que cae es la actividad comercial. En Rosario, siguió, esa secuencia fue clara, y los primeros afectados fueron los negocios del centro de la ciudad. Después, continuó, termina afectada la actividad económica en general.

Toniolli destacó que esa relación de causa-consecuencia está medida por el Observatorio Social del Transporte: a cada aumento del boleto le sigue una baja en la cantidad de usuarios del sistema. Y eso termina siendo un círculo vicioso, porque el pasajero debe abonar más por el viaje, termina saliendo del sistema y se refuerza la tendencia.

La eliminación del Fondo Compensador, resumió el diputado nacional, “es una bala de plata para la destrucción del sistema de transporte público de las provincias”. Ante la evidencia de la línea que marca el Ejecutivo libertario, agregó, ninguna gestión provincial o municipal puede continuar actuando en términos de especulación para salvarse individualmente frente a un gobierno nacional “de estas características”.

Toniolli reforzó la idea de una medida que, de todos modos, iba a tomar la Casa Rosada: lo aclaró Milei al asumir la presidencia, repasó, cuando auguró el camino de una estanflación que, más que una estimación, fue un deseo. “Una de las mejores formas de inducir una recesión es a través del transporte público”, completo la idea Toniolli.

Final Cantado

El empresario Ingaramo destacó que desde hace unos 20 días, funcionarios de la Secretaría de Transporte de Nación vienen adelantando que el Fondo Compensador iba a caer para las provincias. Lo que ocurrió este martes, es que llegó el anuncio definitivo. Para el Amba, explicó el referente de los prestadores privados del servicio, implica un incremento de tarifas por baja de subsidios, y para el interior lo único que se mantiene son los llamados atributos sociales, a través de la tarjeta Sube, por la que determinados usuarios seguirán pagando el 45% de la tarifa. Según Ingaramo, esto incluye a un 45% de los pasajeros habituales en las ciudades de Rosario o Santa Fe. Otro 30%, evaluó, son estudiantes y docentes con boleto gratis que financia en su totalidad el Estado santafesino.

EL futuro inmediato ante la decisión nacional, aseguró Ingaramo, es que el boleto aumentará. Porque, ahora, los gobernadores tendrán que solventar el monto retirado con subsidios propios o con tarifas mayores. “El panorama para el transporte es peor que el que se tenía”, señaló lo obvio el empresario.

Pero insistió en que se trata de un final anunciado y lo argumentó: los subsidios de enero para Santa Fe, unos 11.500 millones de pesos, se tendrían que haber transferido entre el 4 y 5 de febrero, y ya se veía que no había novedades. Las resoluciones respectivas, siguió, tendrían que haber estado firmadas entre el 15 y 20 de enero, pero nunca se publicaron.

la advertencia de que se avecinaba la quita de los subsidios, afirmò Ingaramo, se la habían hecho llegar desde el sector empresario del transporte a los gobernadores e intendentes, pero los funcionarios pensaban que no se iba a cumplir y que había que seguir negociando.