El presidente de la JR de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, acompañó acompañó a la correligionaria y las otras tres mujeres detenidas por la Policía Federal cuanto cantaban el himno frente al Congreso durante la sesión en Diputados. Analizó los riesgos para al democracia que contiene la mega ley que pretende aprobar el Gobierno de Javier Milei
Abogado, magister en Administración y Políticas Públicas, hincha de Boca y admirador como dirigente del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, Rombolá dialogó con el programa Apuntes y Resumen sobre el debate en el Congreso y la liberación de las cuatro demoradas por las fuerzas federales durante la sesión de Diputados de este miércoles.
El referente de la JR explicó que Ivana Bunge es una militante radical y las otras tres mujeres eran vecinas autoconvocadas. Se hicieron amigas en la convocatoria contra la ley ómnibus y decidieron sentarse y cantar el himno como respuesta pacífica a la ctiud violenta de la Policía Federal.
Rombolá relató que pasó toda la nochje del miércoles en la Superintendencia de Investigaciones Federales donde fueron llevadas las manifestantes, luego de un paso previo por la Superintendencia de Drogas Federales. Las liberaron alrededor de las 9, contó: casi 12 horas privadas de la libertad.
Lo que sigue, porque se les abrió una causa por “resistencia a la autoridad”, en riogor una contravención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la defensa en en un poroceso penal que debe dar como resultado “inexorable”, afirmó, el sobreseimiento por inexistencia de delito. Los pasos son una indagatroria, recolección y debate de pruebas para ejercer la defensa y la sentencia de primera instancia. “Sería un grave precendente para la institucionalidad democrática y la convivencia que sean condenadas por cantar el himno en la calle”, enfatizó Rombolá.
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Ante la gran cantidad de consultas, actualizo información.
Estuvimos hasta recién, junto a @lehalperin e @inesparry, en la Superintendencia de Investigaciones Federales (Madariaga 6976, CABA).
Las chicas están bien y por recuperar su libertad.
Resta el trabajo del proceso…
— Agustín Rombolá (@agustindrombola) February 1, 2024
Respecto del desempeño de los legisladores radicales en el debate y, antes, en el plenario de comisiones, Rombolá describió a la UCR como un movimiento amplio que incluye la expresión de distintas identidades e intereses. Más aún, señaló que a su entender la diferencia con el peronismo, al que consideró lo más parecido en cuanto a estructura institucional, heterogénea y masiva, es que el radicalismo le asigna mayor importancia, en la militancia y la discusión interna, al comité, y eso hace más visibles las tensiones a las que, acotó, desde dentro están acostumbrados. En referencia a los discursos diferenciados de Facundo Manes y Rodrigo de Loredo en el recinto, agregó que el partido sigue unido pese a las distintas posturas en esta coyuntura.
En particular, aclaró el presidente de la JR porteña, está en total desacuerdo con acompañar el proyecto de ley libertario. Principalmente, dijo, el artículo 1, que establece la delegación de poderes en tantas materias y con tanta discrecionalidad que torna inútil el resto de los debates, porque lo que no se apruebe en la votación en particular puede reintroducirlo el presidente Javier Milei en uso de esos superpoderes.
“La madre de las batallas está en ese artículo”, resumió Rombolá. Y sienta precedente sobre la necesidad de encender las alertas cuando el Estado se piensa con una legitimidad absoluta para vulnerar la dignidad, la integridad física y hasta la vida, en otras épocas, de las personas.
En ese sentido, aunque evaluó que la reducción a un año del período de delegación de facultades es un avance respecto de los dos con renovación a sola firma presidencial de la letra original, “ya darle 15 minutos a un Estado con tantos visos de autorismo” es peligroso para la democracia. Y no solo por Milei, aclaró, sino por todo el Gabinete. Porque los funcionarios de la primera fila, destacó, lo que hicieron en sus 50 días en el cargo es amedrentar y amenazar a dirigentes y gobernadores. Aunque sea por breve tiempo, el otorgamiento de superpoderes será suficiente para “arruinarle la vida a 45 millones de argentinos con el argumento de la gobernabilidad”, insistió.