La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) calculó que el aumento de retenciones hasta el 15% que impulsa el Gobierno nacional implicará para el sector manufacturero de la provincia una pérdida de ventas externas de unos 4 mil millones de dólares respecto del año base 2022. Esa y otras medidas van en dirección contraria a la tendencia global de agregado de valor

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se transformó en uno de los mandatarios provinciales que con más dureza comenzaron a cuestionar artículos de la llamada ley ómnibus, como el que incrementa retenciones hasta el 15% para actividades como la industrial que no estaban gravadas o lo estaban en un 3%. Fisfe le acercó al jefe de la Casa Gris un informe sobre los impactos para la economía de la Bota, y la economista de la entidad fabril Sol González de Cap, graduada en la UNR, las compartió en diálogo con el programa Apuntes y Resumen.

La especialista coincidió con Pullaro en que el tema de las retenciones es central para Santa Fe, y que la mega ley que debate la Cámara de Diputados le acesta un golpe a su economía. En particular, se refirió al aumento de los derechos de exportación que lleva a muchos productos, sobre todo industriuales, que pagaban en promedio 3,7%, algunos cero, al 15%.

De Cap destacó que ello implica para muchas empresas, que consiguieron colocar sus productos en el resto del mundo, perder esos mercados con la consecuencia de una reducción del nivel de empleo y menores ventas externas, con el consiguiente impacto en la economía provincial.

Las medidas, agregó, impulsan al mismo tiempo una reprimarización de la canasta exportadora no solo de Santa Fe sino de todo el país, porque afectan a variados sectores. La economista recalcó lo rudimentario de la propuesta: es perjudicial, dijo, porque no diferencia según el agregado de valor de cada rama, ni contempla discriminación sectoral como tampoco los distintos niveles de rentabilidad. En suma, promueve que, incluso, a mayor valor agregado se termine pagando más impuestos. Y con ello, va en detrimento del empleo y de la generación de valor agregado.

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Fisfe, destacó De Cap, realizó un cálculo que le acercó al gobernador Pullaro en el que se estima que con las medidas propuestas, la provincia verá reducidas sus exportaciones en alrededor de 4 mil millones de dólares este año en relación a 2022, tomado como referencia porque 2023 fue atípico a causa de la excepcional sequía.

Lo anterior se traduce, graficó la economista, en una caída de cerca del 50% de las ventas externas de origen industrial santafesinas. Impacta fuerte, enfatizó, porque muchos complejos industriales exportadores tienen ganancias del orden de apenas el 5%. Son márgenes pequeños, por los que muchas empresas no podrán afrontar una alícuota incrementada desde cero o 3% al 15%. Incluso, con el ajuste del tipo de cambio (peso-dólar), porque el proceso inflacionario diluye rápidamente esa ventaja competitiva. A finales de febrero o principios de marzo, estimó, ese factor quedará anulado, y sobre ello, pesará de aprobarse el aumento de los derechos de exportación.

Hay otros motivos de preocupación, siguió la especialista. Ya dentro de las primeras medidas del gobierno nacional, el incremernto del impuesto País para el dólar con el que se pagan importaciones, que se elevó al 17,5%. Eso impacta en los costos de las empresas, porque buena parte de los insumos del sector industrial exportador, como los electrónicos, se adquieren en el exterior.

La economista admitió la necesidad de realizar ajustes fiscales para reducir el déficit y decisiones para contener el problema inflacionario, pero afirmó que el camino no debe ser a costa de la producción y el trabajo. Tiene que apuntar, completó, en el sentido de medidas que permitan renovar la senda de crecimiento con más exportaciones, de mayor valor agregado y más diversificadas. Por el contrario, afirmó, las decisiones en vigencia y las planteadas a partir de la mega ley van en el rumbo de reducción y reprimarización del mercado externo.

Eso es más dramático, contextualizó, en un momento en el que el país necesita recuperar respaldo en divisas del Banco Central.

Y agregó que otros temas que preocupan y ya comunicaron al Gobierno santafesino son la privatización del Banco Nación y del Bice (Banco de Inversión y Comercio Exterior), que son instrumentos clave para la financiación de las pymes industriales, en particular de la provincia, porque es la banca pública la única que apalanca los procesos de inversión empresaria. EN un escenario más amplio, De Cap marcó que el mundo va en camino de las políticas industriales, hasta las de punta, y lo que propone el Ejecutivo nacional va a contramano de esa tendencia.

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