La decana de la facultad de Psicología, Soledad Cottone, habló sobre las modificaciones que propone la Ley Ómnibus para el área. Dijo que son regresivas y que violan tratados internacionales a los que ya adhirió Argentina.

Con el lema “la Ley de Salud Mental no se toca, se implementa”, psicólogos, psiquiatras, médicos, personal de salud y trabajadores sociales locales se reunieron el jueves pasado en Rosario y trabajan para que se rechacen los cambios propuestos para el área dentro de la denominada Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno. 

La docente, psicóloga y decana de la facultad de Psicología de la UNR, Soledad Cotone, aseguró en diálogo con La Marca de la Almohada que los cambios propuestos son “regresivos”, que generarán “mayor sufrimiento” y que, incluso, contravienen las normativas internacionales a las que adhirió Argentina. Por ello, desde el sector llaman a adherir al paro nacional lanzado para el miércoles próximo en rechazo de los avances que pretende imponer la gestión de Javier Milei.

“En la Ley Ómnibus hay ocho artículos que tocan específicamente la Ley nacional de Salud Mental y Adicciones. Hay algunos puntos que son claramente regresivos en lo que ha sido un cambio de paradigma, que tiene que ver con pensar que toda persona que atraviesa un padecimiento subjetivo no necesariamente tiene que quedar de por vida en un lugar y ser estigmatizado por una enfermedad”, marcó Cottone.

Entre otros puntos indicó como un elemento de retroceso la posibilidad de que la Justicia tenga ingerencia para resolver internaciones involuntarias. “La figura del juez o de la jueza están dentro de la ley, pero para controlar que se cumplan los derechos del paciente. Para tener una internación segura, controlada. No un juez o una jueza que decida si alguien debe ser internado o no. El criterio de internación debe ser un criterio sanitario. Ese es un punto nodal porque vuelve atrás un paradigma”, advirtió la decana.

“Lo más importante que tuvo esa ley es que llevó muchísimos años de construcción. Hubo muchísimos debates de la sociedad civil en todo el país. Llamamos a la alerta porque modificarla de este modo es desoír el proceso de construcción colectivo que tuvo la ley”, opinó Cottone.

La decana de Psicología alertó además que las modificaciones de la Ley Ómnibus podrían avanzar sobre los órganos que se encargan de la plena implementación de la ley, donde participa la sociedad civil y que tienen mandatos para evitar, entre otros puntos, que se apliquen internaciones prolongadas si no están justificadas xomo parte de un proceso sanitario. “Van contra el corazón mismo de la ley”, insistió.

Como parte del debate entre las comisiones que trabajan en la Ley Ómnibus, la madre del cantante Chano Charpentier expuso sobre la imposibilidad para tomar decisiones de las personas que padecen adicciones o alguna crisis subjetiva, lo que puede representar según su testimonio un riesgo para el propio afectado y, también, para terceros. De acuerdo al planteo que hizo frente a los legisladores se necesita de la ayuda de la Justicia para resolver tutelas o ayudas y la formación de fuerzas de seguridad para atender situaciones de crisis.

En ese aspecto, Cottone aseguró que la ley actual sí contempla las internaciones involuntarias y también el trabajo sobre los agentes policiales para trabajar con personas afectadas. 

“El problema es que necesitamos más implementación de la ley. No sólo son recursos económicos, sino también decisiones políticas y mucha formación. No solamente específica, sino también de lazo comunitario para acompañar a las situaciones de crisis, para contemplar comunitariamente cómo hacer el alojamiento de ese momento. Hay que pelear por una mayor implementación y que realmente se cumpla. Si la modificamos no va a haber garantía de cumplimiento”, consideró.   

“La no implementación tiene que ver con que nuestro país es muy amplio, diverso –explicó–. Hay provincias que no han adherido a esta ley y por lo tanto no tiene implementación. Y en las que lo hicieron no se dio plena implementación. Esto no tiene que ver solamente con la gestión estatal, sino con acciones multisectoriales. Hay procesos que se fueron cortando. Se venía trabajando fuertemente y en el macrismo hubo un momento muy recesivo. Hubo un fuerte golpe al consejo consultivo honorario. Y los procesos sanitarios, en salud, llevan tiempo”.

Mientras la Ley de Salud Mental establecía el cierre de manicomios para 2020, las reformas propuestas por Milei plantean lo contrario, lo que Cottone marcó como una violación a los tratados y acuerdos internacionales a los que Argentina adhirió. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud incluso enviaron informes donde advierten que eso sería “profundamente regresivo”. 

“Los que están encerrados ahí no solamente tienen el sufrimiento subjetivo. Hay personas que han quedado de por vida. ¿Qué tratamiento de salud puede ser el encierro, que corta el lazo, los vínculos con la comunidad, que impide a la persona ser productiva, que no tiene derechos como ciudadano?”, planteó la decana. 

Por último, marcó a título personal que el Gobierno propone los cambios en el área de salud mental como una forma de “mercantilización de la salud”, ya que “todos los artículos de la Ley Ómnibus son una arremetida profunda sobre derechos humanos y sociales”. 

“Las consultas por el tema de salud mental aumentaron muchísimo después de la pandemia. Venimos de un tiempo en el que se agravó mucho el sufrimiento de la población. Y la ley va a generar mucho más sufrimiento, un estallido del sistema público y una no posibilidad de respuesta del sector privado. Es muy regresivo como se piensa lo social. Para el que que no se ajusta a lo que se piensa, la respuesta es el encierro. Eso es lo más peligroso”, advirtió.