Operadores de diferentes áreas analizaron la importancia de las políticas públicas frente a un paradigma que se desentiende de la cuestión social para arrojarla al mercado. Cantidad pero tambien continuidad y calidad, reclamaron trabajadores y trabajadores que muchas veces articulan desde los territorios ante gestiones ausentes

Del programa especial de los viernes de Apuntes y Resumen participaron Gabriela Rojas (Psicóloga, trabajadora de la Secretaria Provincial de Niñez y Adolescencias, integrante de la Colectiva de Infancias y Adolescencias, militante del Bachi de Tablada), Juan Albano (Trabajador Social de Niñez y Sedronar, secretario Gremial de ATE en Niñez), Natalia Palma (Psicóloga, directora del Programa Vínculos Filiatorios en Primera Infancia), Carina Trivisonno (Directora de la escuela María Remedios del Valle), Cecilia Sánchez (Psicóloga social, trabajadora de la Secretaria Provincial de Niñez y Adolescencias, integrante de La Colectiva de Infancias y Adolescencias) y Mariela Fossaroli (docente de escuela primaria periférica de zona oeste).

Albano contrastó el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, Suiza, con lo que sucede en los barrios de Rosario. Cuando el denostado Estado se retira, recalcó lo que es evidente excepto para la teoría neoliberal extrema del autodenominado anarco-capitalista, se profundizan los negocios económicos ilegales. Así se teje un circuito de oferta de sustancias adictivas de baja calidad que afecta sobre todo a los menores de 25 años. No sólo en el presente, señaló, sino comprometiendo su desarrollo futuro.

Lo que se consolida cuando el Estado se retrae, continuó Albano, es una red de jerarquías y pertenencias instalada por los negocios ilegales, potenciada por la mala presencia del Estado, por ejemplo a través de los abusos policiales. Y eso diseña el paisaje que se le presenta a un adolescente como espacio de constitución identitaria.

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Hay un sistema de seducción del narcomenudeo que se expande sobre la retirada institucional, tanto en su faceta pública como de las organizaciones barriales y civiles o de los programas de lógica público-privada.

Contra lo que pregona Milei, resumió el trabajador social, el retiro del Estado, en especial para la juventud y adolescencia, es lo contrario del bienestar. Pero no termina ahí, aclaró: otro debate trascendente es cómo se da a presencia de lo público y lo privado en el barrio.

Otra de las interlocutoras aportó que lo que sucede en los barrios, que describió Albano, “estalla” en las escuelas, sobre todo en aquellas que reciben a niños en situación de gran vulnerabilidad. El año pasado, refirió, fue significativa la cantidad de alumnos de 12 y 13 años que relataron a los docentes cómo están siendo captados por redes de narcomenudeo. No solo para vender sustancias, sino para ingresarlos al consumo. Y además, para someterlos a prácticas de prostitución.

Otras situaciones que explicitan los alumnos son los abusos sexuales. Ante esta realidad, es muy difícil para los docentes dar una respuesta o siquiera acompañar a esas víctimas dada la soledad en la que se encuentran para abordar esa compleja realidad. Se deriva a los directivos, éstos intentan tejer redes con otras instituciones, pero es muy acotado el campo de acción posible. “El futuro es desalentador”, sintetizó.

Natalia Palma, en la misma línea, se refirió al sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Fija un circuito de funcionamiento, dado por la ley nacional 26061 que en la provincia se traduce en la ley 12967. Pero lo que importa en la práctica, es qué canales previstos se utilizan y cómo. Porque al margen de lo prescripto por las normas, eso depende en buena parte de las gestiones políticas. Y del fortalecimiento de los equipos que operan efectivamente sobre la realidad.

Desde 2010, siguió, los equipos socioeducativos trabajan en un sentido de construcción territorial, de abordaje barrial y comunitario, con acercamiento a las escuelas en base a la construcción de confianza. La voluntad es que esos circuitos normados no se transformen en simples derivaciones que diluyen soluciones sino en un entramado comunitario que las potencien. Pero eso requiere que lo comunitario, precisamente, no esté “tan roto”, señaló. Y eso es lo que ocurre hoy, con lo que se hace difícil trabajar en el marco de la ley de protección integral. “Hay que revisar las políticas públicas” que se vienen implementando, advirtió Palma.

El dispositivo del Sedronar, citó como ejemplo, que trabaja con adolescentes alrededor de los consumos, está complicado porque no se renuevan los contratos. Y así sucede con otros programas, que avanzan y retroceden y no terminan de decantar en una política pública.

Carina Trivisonno llevó a la mesa el documento elaborado en noviembre junto al gremio docente Amsafé, el estatal ATE, el Colegio de Psicólogos, docentes y activistas de varias organizaciones.

Los trabajadores avanzan más allá de las políticas públicas, insistió, muchas veces de manera autogestiva, como la conformación de una intersectorial con escuelas, operadores del Ministerio de Desarrollo Social, del Esuipo Socioeducativo del Ministerio de Educación, de programas como Nueva Oportunidad y Santa Fe Más, para construir un abordaje integral en función de los trabajos de cada uno y las articulaciones que se van dando.

Hubo en ese sentido, añadió, un cronograma mensual de reuniones, y de allí surgió un panorama para abordar incluso nuevas problemáticas puestas en evidencia tras la pandemia, una crisis que modeló surgir otra escuela, otras subjetividades y dinámicas familiares.

Es un nuevo desafío, señaló Trivisonno. En las evaluaciones se pone en evidencia el tiempo dedicado por docentes y directivos a la resolución de diferentes conflictos que no eran tan extendidos antes de la crisis sanitaria del covid. Un ejemplo es la inmersión de niños y adolescentes en las redes sociales, y el hostigamiento entre pares, niños y familias que allì se despliega. Otro es el abordaje de las diversidades sexuales, la dificultad para contrarrestar el paradigma heterormativo.

En eso, dijo, es importante el equipo de profesionales comprometidos del dispositico de la ESI (Educación Sexual Integral), que permanentemente genera contenidos. De nuevo, en este caso, está el escollo de los presupuestos y la falta de escalafones para sostener al personal.

En la Tertulia se recalcaron, en cuanto a las deficiencias de la acción estatal, las articulaciones que surgen del trabajo concreto y no de las políticas públicas. No es solo la ausencia del Estado, sino su manera de estar, porque a veces es deficiente, desfinancia dispositivos, no promueve el vínculo con las organizaciones sociales, que en buena medida pudieron, por su anclaje en el barrio, superar las limitaciones impuestas por la pandemia e incluso las que impone como zona de riesgo el auge del narcomenudeo y sus lógicas violentas. Y así pueden sostener sobre todo las crianzas, con los comedores.

También se destacó como un factor relevante el casi nulo protagonismo del eje infancia y adolescencia durante la campaña electoral del año pasado. Casi una señal anticipatoria de lo porvenir. Y ahora, el DNU y el mega proyecto de ley que ataca a otros sectores, pero principalmente a este. Porque sobre el mismo influyen otros, como la pérdida de fuentes laborales o el acceso a la alimentación. Los ejes de los instrumentos que envió el Ejecutivo al Congreso van en sentido contrario.