El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, expuso la difícil situación financiera que enfrenta la provincia. Destacó el desplome de ingresos frente a la inflación, abordó los compromisos paritarios y se refirió a la presión en la masa salarial estatal y la necesidad de articular eficiencias para garantizar actualizaciones

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, brindó declaraciones en La Marca de la Almohada en las que abordó la situación económica de la provincia y los desafíos que enfrenta el gobierno en materia salarial.

En primer lugar, Olivares destacó el “desplome” de los ingresos provinciales en comparación con la inflación. “El mes de diciembre ha marcado claramente un desplome de los recursos en relación con la inflación”, dijo. “Una diferencia muy importante si tenemos en cuenta que la variación mensual con respecto a noviembre fue del 16% mientras que la inflación fue del 27,9%”.

Olivares explicó que esta situación se debe a una combinación de factores, entre los que se encuentran la inflación, la caída de la recaudación y el aumento del gasto salarial. En este último punto, el ministro puso como ejemplo que “el aumento del gasto salarial ha sido de un 155% en el año, lo que superó el incremento del salario individual del trabajador porque, además de los aumentos acordados en paritarias, hubo una mayor cantidad de empleados estatales”.

“Por cada 10 personas que estaban trabajando en un ámbito a final del año 2019, se le añadió una persona más, es decir que pasan a cobrar 11”, precisó.

En cuanto a la discusión paritaria con los docentes, Olivares señaló que la prioridad del gobierno es abrir la paritaria para abordar no solo salarios, sino también esquemas de trabajo y cuestiones relacionadas con el sistema educativo. Afirmó que están preparando esta discusión desde antes de asumir el gobierno.

En este contexto, Olivares aseguró que el gobierno tiene la vocación de cumplir con los compromisos salariales asumidos con los gremios, pero que deberá hacerlo “en función de las posibilidades económicas” de la provincia.

“No estamos diciendo que vamos a desconocer la realidad, sí que tenemos la voluntad de ir atendiéndola en función de las posibilidades, que tiene que ver con la evolución de los recursos y con las posibilidades de eficiencia que se vayan logrando”, enfatizó.

En relación con la aplicación automática de la cláusula gatillo en febrero, Olivares insistió en priorizar las circunstancias actuales y criticó a la gestión anterior por asumir compromisos sin considerar su responsabilidad futura. Además, mencionó las inflaciones récord en noviembre y diciembre, subrayando la complejidad de la situación si se mantiene la obligación de pagar un aguinaldo por cada mes.

“Este compromiso al que aluden los gremios, fue asumido en el último tramo de una gestión que al momento de acordar esto ya sabía que no iba a ser su responsabilidad atenderlo y se conocían las probabilidades de cumplimiento de ello”, dijo.

“Además, las partes que lo firmaron entendían los riesgos que estaban asumiendo al suscribirlo”, agregó.

Por último, Olivares informó que ya hay unas 400 personas a las que se les revocará el pase a planta.

“Estas personas fueron contratadas en la gestión anterior y no cumplieron con los requisitos establecidos”, explicó.

“La decisión se tomó en función de la situación económica de la provincia y de la necesidad de priorizar los recursos para los trabajadores que ya están en planta”, concluyó.