Martín Ayerbe, referente del Movimiento de Liberación Nacional y del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard, hizo foco en los artículos clave que de aprobarse implicarán el regalo de los recursos nacionales y la pérdida de soberanía. Lo inscribió en lo que consideró el cierre de una saga iniciada por Martìnez de Hoz durante la dictatuda y continuada por el menemismo

El DNU y la llamada ley ómnibus son un ataque a la Nación y al Estado, resumió Ayerbe en un diálogo con el programa Apuntes y Resumen en el que analizó la gravedad de lo que se propone en los instrumentos enviados por el Ejecutivo de Javier Milei al Congreso.

Ayerbe explicó la síntesis: la Patria es un sentimiento, una metafísica que se traduce en una filosofía del derecho de la cual emerge el ordenamiento jurídico llamado Nación, y del mismo surge es el instrumento de Gobierno. Por eso, concluyò que el presidente encabeza “un ataque contra el Estado, por lo tanto contra la Patria y sus hijos, los argentinos”.

Se trata, abundó, de un instrumento destructivo que busca el caos y la confusión, mantener a todos entretenidos con 300 modificaciones difíciles de abordar en corto plazo y de esa manera generar un estado de alerta. Por eso, aseveró, lo importante en este momento es detener la embestida “a como dé lugar” con una movilización popular que presiones sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“La ley de pesca no es la mejor del mundo, pero es la que hay”, entró en tema en referencia a la la 24.922. De ella, dijo, hay tres artículos que es imprescindible defender.

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El primero que mencionó es el 22, que es el régimen de zona adyacente a la zona económica exclusiva de la plataforma continental en torno al recurso migratorio. Esto significa, explicó, que la Nación Argentina, hasta las 200 millas, tiene potestad sobre el recurso marítimo tanto sea vivo como no vivo: los peces, moluscos, crustáceos y lo que está bajo la plataforma continental, el petróleo, los minerales. En suma, todas las riquezas que, por la norma, pertenecen jurídicamente a la Nación, que es la única que puede emitir permisos de explotación.

Con respecto a la zona adyacente, se trata de la que se extiende entre las 200 y las 240 millas, sobre el talud de la plataforma continental. Si bien allí pueden pescar buques de otras naciones, no tienen potestad sobre los recursos de la plataforma. Pero la ley dice que la Nación tiene responsabilidad sobre el recurso migratorio, lo que implica las especies transzonales, porque los peces transitan una deriva geográfica a lo largo de su vida. Citó como ejemplos al calamar illex y la merluza hubbsi, las más codiciadas por las flotas extranjeras. Ambas, señaló, llegan a la plataforma con la corriente cálida del norte de Brasil, desovan y se reproducen. Y cuando esa corrienta, hacia el sur, se cruza con la circunpolar antártica, desvía el curso de la especie rodeando las Islas Malvinas en su extremo oriental hasta la salida de la zona económica exclusiva, donde está el “enemigo argentino”: la ocupación británica del archipiélago.

El Reino Unido, siguió, sostiene precisamente su ocupación de Malvinas en la emisión ilegal de licencias pesqueras, lo que le permite un ingreso per càpita promedio de 40 mil dólares anuales por kelper, lo que para una familia tipo asciende a 160 mil dólares. Es una renta extraordinaria “fundada en un acto de piratería”. Y el hecho de que, por la ley ahora en riesgo, Argentina tenga responsabilidad sobre los recursos, la obliga a velar por su sustentabilidad.

El artículo 23 de la ley 24.922 refiere a la reserva del pabellón nacional, que en rigor no se cumple porque la flota pesquera argentina fue desmantelada a partir de la década del 90 con las privatizaciones y la ley de reforma del Estado. Lo que Milei asume conmo misión, dijo Ayerbe, es “terminar esa faena”.

Por último, está en riesgo el artículo 23 de la ley de pesca, que obliga a la flota que extrae recursos en el Atlántico Sur a que lo procese en tierra argentina, porque de lo contrario no hay manera de controlar qué es lo que se llevan.

Es parte de un escenario más amplio, explicó Ayerbe. Contoinuidad de la ley 23.696 del menemismo que habilitó la privatización, entre otras, de las 26 empresas del área de Defensa. En Santa Fe, apuntó, además de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán estaba la Domingo Matheu de armas ligeras.

A la vez, el menemismo es continuidad de la primera ley que derogó el entonces ministro de Economía Alfredo Martìnez de Hoz tras el golpe de Estado de 1976: la 20.558 de corporaciones de empresas nacionales, que permitía contrarrestar el poder de los monopolios de multinacionales.

Y Milei, señaló Ayerbe, llega para cerrar el círculo con su pretensión de derogar la ley 20.705 de sociedades del Estado. Si eso sucede, se pierde la fabricación militar y lo poco que queda del Estado empresario argentino.

Por eso, señaló como imperativo “frenar este materialismo, que es una mera agresión sin proyecto” que lo sustente.