Claudia Varela, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, también señaló la alarma respecto del desfinanciamiento de los laboratorios públicos y la desprotección de la industria nacional del sector que promueven los instrumentos cuya aprobación en el Congreso apuran desde el Gobierno nacional

La profesional, en diálogo con el programa Apuntes y Resumen, admitió que hay muchos sectores “convulsionados” por los previsibles efectos del DNU y de la ley ómnibus en la actividad. En particular, agregó, los farmacéuticos viven el contexto con incertidumbre.

Ante esto, indicó Varela, en forma ordenada intentan comunicarse con legisladores y funcionarios para hacer entender cuáles son las consecuencias de algunos artículos en un área ligada a la salud de la población, más allá de lo sectorial y profesional específico.

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La presidenta dle Colegio de Farmacéuticos destacó que la Argentina tiene una particularidad: una industria farmacéutica muy potente, por lo que el 80% de los medicamentos que se consumen en el país son de industria nacional. Ese sector, señaló, ya está en conversaciones con el Gobierno por los aspectos del DNU que lo perjudican, como el que fija una mayor apertura de las importaciones.

Los farmacéuticos, indicó Varela, también defienden el papel social de los laboratorios públicos, que el DNU desfinancia: son irremplazables por los comerciales, aclaró. Recordó que Santa Fe tiene el “lujo” de contar con tres: el LIF, que es provincial, el LEM de Rosario y la planta piloto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Elaboran insumos esenciales como el suero que se utiliza en hospitales y sanatorios, una producción que además regula los precios del mercado. Pero lo más importante, siguió, son los mediamentos o presentaciones llamados huérfanos, que no integran las cadenas comerciales porque son para un número muy acotado de personas. Como, cito un ejemplo, la presentación en jarabe de un medicamento para niños con HIV.

Son productos, explicó, que no generan rentabilidad para los laboratorios privados, en cuya lógica son de producción insustentable.

Qué es lo que pasa con las redacciones de los instrumentos que el Ejecutivo envió al Congreso y sus consecuencias negativas para profesionales, industria y usuarios de la salud. Varela prefirió interpretar que hay desconocimiento en la materia. En relación a los laboratorios públicos, por ejemplo, se obvia el hecho de que son en general sociedades del Estado que se autofinancian.

En ese sentido, la profesional expresó confianza en que los debates en el Congreso aporten la información que falta, para que haya un “aprendizaje” y se revean los artículos respectivos.

El DNU, explicó, es de carácter nacional y preocupa más allá de que en Santa Fe rija una ley provincial que, por el contrario, establece que los medicamentos deben venderse en las farmacias y que las mismas deben operar con un farmacéutico. Es que, señaló, si quedan firmes los artículos que liberan la comercialización, prescinden de los profesionales y desfinancias a los laboratorios públicos, ello marcará un “rumbo” que a mediano o largo plazo se terminará imponiendo con sus consecuencias nocivas.