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Los Centros de Trasplantes y Diálisis de la provincia de Santa Fe lanzaron un urgente llamado de alerta a las autoridades sanitarias y los financiadores de la prestación ante una situación crítica que pone en riesgo la vida de más de 2,000 pacientes santafesinos, y más de 30 mil en el país. La imposibilidad de acceder a la provisión de los insumos necesarios para las diálisis es una amenaza de corto plazo a causa del actual contexto económico, en particular después de la devaluación que encareció significativamente los materiales, que en un 80 por ciento son importados. También impactan los aumentos en la tarifa elèctrica y los combustibles. Y se trata de terapias que no pueden postergarse.

El programa La Marca de la Almohada dialogó sobre la crítica situación con la nefróloga María Laura Benítez, secretaria de la Asociación de Diálisis y Trasplantes de Santa Fe, quien cifró a los principales afectados, los pacientes, en 30.200 en toda la Argentina y 2.111 en la provincia, de los cuales 10 son niños menores de 10 años y 28 son jóvenes de hasta 20 años.

Benítez describió el cuadro como acuciante, porque la mayor parte de los insumos son importados. Aclaró que las complicaciones son de hace un tiempo, pero las últimas medidas la empeoraron: algunos insumos, vía devaluación y especulación, aumentaron hasta un 300%, señaló. A eso se agrega que los proveedores achicaron los márgenes de pago, hasta 30 e incluso 7 días. La especialista admitió que en el actual contexto es una lógica entendible desde ese lugar, pero grave para los prestadores de los servicios. Es que, completó, los financiadores, como las obras sociales, las prepagas, el Pami o el Estado provincial, les pagan a 60 días. La alta inflación hace que el monto del reintegro del costo de los materiales alcance a cubrir apenas un porcentaje de esas erogaciones.

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La nefróloga insistió en que, pese a las dificultades, los prestadores continúan priorizando a los pacientes. Explicó la gravedad: lo que diferencia a la enfermedad renal crónica de otras es que requiere sin dilaciones algún tipo de terapia dialítica (hemodiálisis, a través de la sangre, o diálisis peritoneal) que no puede interrumpirse sin riesgo de vida.

No se pueden postergar las sesiones, recalcó. Y detalló que son entre 12 y 13 veces al mes para los pacientes en hemodiálisis y diarias para los que reciben diálisis peritoneal, que se hace en domicilio y está indicada principalmente en niños. En este último caso, puso como ejemplo, el costo de los insumos pasó en pocos días de 400 mil a un millón de pesos. Y los prestadores deben proveerles a los pacientes, a principios de cada mes, los materiales para que pueda cumplir con el tratamiento en ese período.

Además, el 90% de los pacientes dializados pertenecen a sectores vulnerables, y la mayoría de ellos son jóvenes. De los 494 niños y jóvenes de 0 a 19 años que requieren diálisis en todo el país, 134 son menores de 10 años, En Santa Fe, 28 y 10 respectivamente. La provincia de Santa Fe ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de pacientes en diálisis y el cuarto lugar si se considera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Benítez señaló que casi el 40% de los pacientes en diálisis son del Pami. Y afirmó que debe haber una responsabilidad compartida entre los financiadores y prestadores en la crítica situación.

Los pacientes, aclaró, son la principal preocupación de los centros de diálisis, que suman 23 en la provincia. Los riñones deben funcionar las 24 horas del día, explicó, y lo que hacen los tratamientos es suplementar la insuficiente función de los órganos enfermos. Son, repitió, la diferencia entre la vida y la muerte. Respecto de la población afectada, recordó que la enfermedad renal crónica que pone en riesgo la vida se puede dar a lo largo de toda su existencia, no es exclusiva de la vejez.

Pese a esa voluntad de no reducir la calidad de la atención, y menos interumpirla, Benítez reforzó la idea de que la situación para los 23 centros de diálisis en la provincia es terminal. Aun cuando siempre intentaron tener respaldo de insumos, eso no es sostenible en estas circunstancias si los proveedores de los filtros, por ejemplo, exigen pagos a 30 días o una semana y el Ministerio de Salud de la provincia no les reintegra esos gastos desde octubre. Lo mismo para las otras financiadoras.

A este complejo panorama se suman las recomposiciones salariales del recurso humano y el inminente aumento en los costos de energía eléctrica y agua, elementos fundamentales para llevar a cabo las prestaciones. Por eso, los centros de diálisis se declararon en emergencia prestacional al no recibir respuestas por parte de las autoridades sanitarias de ninguna instancia.