El criminólogo y docente de la UNR marcó críticas a las recientes decisiones tomadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en los penales provinciales y las comisarías, y repasó antecedentes para afirmar que está probado que no reducen el problema de la violencia criminal y, en algunos casos, la recrudecen
En diálogo con el programa La Marca de la Almohada, Font destacó que el problema de la violencia vinculada al negocio ilegal del narcomenudeo, que marca especialmente a la ciudad de Rosario, lleva una década consolidado y muestra un creciente agravamiento.
Después de conocidos los tres ataques a balazos perpetrados en Rosario, en principio como respuesta a decisiones del gobernador en el área de seguridad –en dos casos con mensajes amenazantes hacia el funcionario–, el criminólogo cuestionó en varias dimensiones las medidas adoptadas en el arranque de la nueva gestión de la Casa Gris.
Se refirió a la reposición de los pabellones para presos de alto perfil en los penales provinciales, las medidas para poner más agentes en las calles retirándoles tareas administrativas y de custodia de presos en las comisarías, y el proyecto de ley para investigar en la justicia santafesina delitos de narcomenudeo.
Son contraproducentes, resumió Font. En parte, dijo, porque están teñidas de espectacularidad, y se comunican con una retórica centrada en la alusión a “supervillanos” que en el pasado agravó el problema. Sobre todo, señaló, por el escenario: una criminalidad “desorganizada” que se apoya en la violencia como herramienta identitaria y operacional para, por ejemplo, dotar de mayor eficacia las extorsiones, otra veta de la economía ilegal.
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Agravar las medidas ya de por sí deplorables de detención en las cárceles no contribuye a bajar el delito, siguió el docente de la UNR. Por el contrario, alimenta el recudecimiento de la violencia. En ese punto, recordó el fenomeno de las Maras –las pandillas centroamericanas, principalmente en El Salvador pero también Honduras y Guatemala– y las facciones armadas brasileñas, como el Primer Comando Capital de San Pablo: surgieron, dijo, a partir de las pésimas condiciones de detención y las violaciones de derechos en los penales, por parte de personas que ya tenían una trayectoria criminal y la potenciaron.
A la vez, Font rechazó el carácter “humillante” con el que fueron difundidos los operativos, mediante la filmación de los mismos. En contraste, marcó, con el innegable alto grado de corrupción que impera en el Servicio Penitenciario. Hubiera sido más apropiado, continuó, adoptarlas con sobriedad y sin la pretensión de rédito político mediante formas espectaculares.
A eso sumó, sobre el contexto en que se materializan las medidas, recordó las estrategias del Ministerio Público de la Acusación en anteriores gestiones, como la de Antonio Bonfatti, que centraron la persecución penal en algunos de los actores de la violencia, como la banda de Los Monos, y terminaron operando para grupos rivales, como el de Esteban Lindor Alvarado.
Por otra parte, Font fustigó el retorno de la narrativa segùn la cual “deteniendo a tres cuatro líderes” de organizaciones se generaba un gran daño operativo a las mismas. “Las organizaciones son muy dúctiles”, refutó. Y agregó, sobre otro de los ejes discursivos instalados, que los mercados de cocaína no en todos lados registran las altas tasas de violencia que se evidencian en Rosario.
Sin atacar la corrupción, los pabellones especiales no son barrera
Font volvió sobre la reposición de los pabellones para presos de alto perfil, anunciada este lunes, junto a los traslados en los penales, para señalar que la información “siempre encuentra formas de salir de las cárceles”. Sobre todo, cuando hay mucho dinero en juego para la corrupción de los agentes penitenciarios.
Tambièn puso en entredicho la iniciativa para adherir a la ley nacional de marcomenudeo, de manera que los delitos así caratulados sean investigados por fuerzas de seguridad y justicia provinciales. “Un tema de seguridad no se resuelve deslindando áreas federales y provinciales“, acotó antes de reforzar que, cuanto menos, ambas instancias son deficientes.
El criminólogo, además, recordó desempeños teñidos de sospèchas de algunos de los actuales responsables del área Seguridad designados por Pullaro. Y el “blindaje” que, agregó, fiscales como Luis Schiappa Pietra, propició en causas en las que están involucrados esos funcionarios. Mencionó como ejemplo la causa por el desvío de fondos en la reparación de vehículos de la Unidad Regional II (Rosario) y otra, compleja, sobre corrupción en el Servicio Penitenciario cuando el actual ministro Pablo Coccocioni estaba en el área. Sin que ello implique, aclaró, complicidades con los delitos.
El mismo reparo expresó sobre la intenciòn de designar oficiales retirados para reforzar la policía provincial, con el antecedente de varios acusados, y hasta procesados, que en su momento eligió Pullaro.
Más agentes en la calle, pero cómo
En abstracto, señaló Font, es correcto destinar un mayor número de policías al patrullaje en los territorios. Pero aclaró que una vez establecido ese “número base”, lo que importa es la calidad y modalidad del servicio. Si es alta, genera información que facilita el esclarecimiento y la disuasión de los hechos delictivos.
Lo que marca la diferencia, continuó, es cambiar el estilo de trabajo, para lo cual es importante encarar la reforma policial tantas veces mentada. Y puso como ejemplo la estrategia puesta en práctica por el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, centrada en la articulación con las municipalidades y un trabajo de informatización para monitorear en tiempo real las ubicaciones y recorridos de los móviles policiales. “De lo contrario, son medidas espectaculares” para aprovechar la “marca (Nayib) Bukele”, por el presidente de El Salvador.
No es cuestión de número, abundó, sino de poner la lupa sobre las complicidades, y a esta altura sociedades, entre uniformados y bandas delictivas.
La coincidencia de un móvil policial y un delito es poco frecuente, marcó apoyándose en estudios realizados sobre le particular. Lo esencial no aparece