Según datos proporcionados por el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, la cifra de personas detenidas en la provincia experimentó un aumento constante. Mientras que en 2008 había 3,794 personas en prisión, el año pasado se cerró con un alarmante total de 9,350 personas
La situación carcelaria en la provincia de Santa Fe se ha convertido en un tema de máxima preocupación en la agenda política, en la transición de mando entre el gobernador saliente Omar Perotti y el electo Maximiliano Pullaro. La alarmante sobrepoblación carcelaria y el colapso del sistema penitenciario propulsaron a un grupo de abogados penalistas a emitir una carta abierta expresando su inquietud.
En la carta, los abogados destacan la ausencia de una política criminal penitenciaria efectiva, la presión política para aumentar la punitividad a través de la prisión preventiva y la omisión del Poder Judicial al ceder a esta presión en lugar de priorizar los derechos de los detenidos. Estos factores se convirtieron en puntos críticos de preocupación en la situación actual.
Según datos proporcionados por el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, la cifra de personas detenidas en la provincia experimentó un aumento constante. Mientras que en 2008 había 3,794 personas en prisión, el año pasado se cerró con un alarmante total de 9,350 personas. Esto se traduce en una tasa de 263 detenidos por cada 100,000 habitantes, un aumento del 124% en comparación con 15 años atrás.
José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, señaló en diálogo con La Marca de la Almohada, que la crisis carcelaria no es un problema nuevo, pero se agravó significativamente debido al endurecimiento de los criterios de prisión preventiva y encarcelamiento.
En ese sentido, Nanni, expresó su preocupación por la dificultad actual para que los detenidos obtengan su libertad en casos provinciales. La mayoría de los procesados se enfrentan a acusaciones por delitos de grado medio, como asociación ilícita, encubrimiento o tenencia de armas, lo que obstaculiza la capacidad del sistema para abordar a las grandes organizaciones delictivas.
El abogado cifró sus esperanzas en una iniciativa propuesta por Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni, director del Servicio Penitenciario, que busca desalojar las comisarías utilizadas para detener a personas. Sin embargo, Nanni señaló que a pesar de esta medida, el delito sigue aumentando y la sociedad presiona para que más personas sean encarceladas. Además, criticó la falta de acción de los jueces que las detenciones domiciliarias y las cauciones, lo que ha llevado a un sistema en el que los detenidos no saben cuándo serán liberados.
A pesar de la demanda política de aumentar la persecución penal, los índices delictivos no muestran disminución. Nanni argumentó que se está fallando en la prevención y la contención social, y señaló que una generación de jóvenes se ve obligada a delinquir debido a la falta de oportunidades y un futuro incierto.
La sobrepoblación en las cárceles provinciales es evidente, con la Unidad Penitenciaria N.° 1 de Coronda operando al 50.3% por encima de su capacidad, y la Unidad Penitenciaria N.° 11 de Piñero al 48.3%. Esta situación ha llevado a incidentes graves, como la reciente gresca en la U.P. 11 de Piñero, que resultó en un recluso asesinado y varios heridos con armas blancas. Nanni atribuyó estos problemas a la falta de una política penitenciaria efectiva y la mezcla de detenidos en condiciones inadecuadas.
